El diputado autonómico del Partido Popular y portavoz parlamentario en la Comisión de Asuntos Sociales, Juan Santana,  manifestó hoy que el suspenso que ha recibido “una vez más” el desarrollo en las Islas del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, “demuestra que la burocracia que tanto defiende el Gobierno de Canarias se está cobrando víctimas inocentes entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.

Santana aludió a la puntuación de 2,1 sobre 10 obtenida por la gestión del Ejecutivo canario en la materia, la segunda peor de España, tres puntos por debajo de la media estatal, correspondiente a junio de 2012, y emplazó a la consejera autonómica, Inés Rojas, a explicar el uso dado “a los casi 30 millones de euros que el Estado aportó a las Islas el pasado ejercicio, cuya gestión en tiempos de crisis económica está nuevamente cuestionada”.

Para el diputado popular el hecho de que canarias se mantenga a la cola del Estado español en lo referente a la aplicación de la Ley de Dependencia demuestra que “el fracaso de la implantación de la ley en Canarias no es cuestión de financiación sino de capacidad”.

Según datos del Ministerio de Servicios Sociales, Canarias recibió del Estado más de 29 millones de euros en 2011 para garantizar una atención a las personas dependientes, y contempla para 2012 un incremento de esos fondos. El nivel mínimo de protección a la Dependencia, competencia estatal, crece casi un 20% y se sitúa en torno a los 1.287 millones de euros para toda España.

 “Conocemos esta prueba de la pésima gestión del Gobierno regional justo cuando se está tramitando la mayor subida de impuestos de nuestra historia, con la excusa de contribuir el sostenimiento de los servicios esenciales, que ya están garantizados”, enfatizó el parlamentario popular, quien recordó que este suspenso se viene produciendo desde que comenzó a aplicarse la Ley de Dependencia.

“Poco se puede esperar de la gestión de una Consejería que devolvió en 2011 más de 800.000 euros al Estado, correspondientes a ayudas de personas que habían fallecido y el sistema computaba como beneficiarios, debido a que sus bajas no se comunicaron en tiempo y forma”, denunció.

“No es de extrañar que seamos la última comunidad autónoma en aplicación de la Ley, cuando acumulamos un retraso intolerable en la tramitación de solicitudes de ayuda”, indicó Juan Santana, quien recordó que “hay reconocidos más 30.000 dependientes en las Islas, y a 1 de enero de 2012 solo se había tramitado la prestación de una tercera parte de los mismos”.

Pacto Nacional

Santana solicitó a la consejera autonómica “que abandone el oportunismo que ha caracterizado sus intervenciones sobre el asunto, y se adhiera al Pacto Nacional sobre el sistema de Dependencia que ha propuesto el Gobierno de España, con el fin de aportar seriedad y rigor a un debate que preocupa a toda la sociedad”.

El diputado popular destacó que el Ministerio de Servicios Sociales ha elaborado un Diagnóstico Nacional sobre estas carencias, “que pasan por resolver el laberinto normativo formado tras la puesta en funcionamiento de la Ley, que no ha contribuido a crear empleo, no garantiza la calidad de la atención, y presenta un importante desfase económico”.

El sistema establecido por la Ley de Dependencia presenta importantes fallos que han sido apreciados por el Ministerio de Servicios Sociales, pero según concluyó Juan Santana, “queda claro que mientras otras comunidades autónomas han hecho lo posible por gestionar bien sus competencias, Canarias persevera en sus errores”.