La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja y la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción (APAR) manifiestan su “perplejidad” por la “indefensión” a la que la actual Administración pública somete a  los agricultores y ganaderos del Valle de Aridane.

Resulta “incomprensible” que, tras las innumerables notas de prensa publicadas sobre la ayuda por pérdida de renta, la resolución no haya sido si quiera publicada en el Boletín Oficial de Canarias, pese  a que hace semanas se anunció en la web del Gobierno de Canarias.

Se desconoce el número de agricultores y ganaderos que no han sido incluidos en estas ayudas o el número total de errores en el listado del Anexo I en que figuran aproximadamente 850 productores.

Sorprende a ambos colectivos que el citado anexo sume aproximadamente 198 hectáreas de terreno platanero sepultado por la lava dado que desde el Gobierno regional se ha publicitado que el número se acerca a 228 hectáreas. Una diferencia entre superficies publicadas anteriormente que también ocurre con  otros cultivos, como aguacate y viña.

Ambas asociaciones quieren comunicar que, en defensa de los agricultores y ganaderos excluidos de esos anexos y de los que sufren errores en el cálculo de las cantidades que deben percibir, emprenderán las acciones legales oportunas para proteger los derechos que se les reconocen en la legislación europea.

Las declaraciones del director general de Agricultura del Gobierno de Canarias sobre la fórmula de cálculo de la pérdida de renta “parecen implicar una discriminación arbitraria” en la interpretación del reglamento que rige la concesión de la mencionada ayuda.

Por esto, las dos asociaciones invitan al Gobierno de Canarias a llegar a un acuerdo con los afectados para un reparto “justo y transparente” que reconozca el lucro cesante real previo a la erupción volcánica.

Hay que recordar que la catástrofe natural ha sido declarada por un Estado miembro de la UE, por lo que la pérdida de renta y  la reconstrucción de las fincas afectadas a través del Programa de Desarrollo Rural están reconocidas por las instituciones comunitarias y financiadas con fondos europeos.

Los dos colectivos animan a la Consejería de Agricultura a que impulse en el Gobierno canario solicitar de manera urgente a la Comisión Europea los fondos correspondientes a la pérdida de renta de 2023, y que estas subvenciones se adelanten con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo, ambas asociaciones reclaman al Ejecutivo regional que presente un plan de reconstrucción basado en las licencias que se hayan presentado, para garantizar la reconstrucción de forma ordenada y en periodos anuales hasta que se logre la recuperación total. Además, ruegan al Gobierno canario que “abandone la propaganda y honre su eslogan #HECHOS”.