Agricultores canarios denuncian intereses ocultos en la consejeria de agricultura del Gobierno de Canarias

La información servida por Canarias Ahora hace unos días sobre  la vuelta de Juan Pedro Dávila a la Consejería de Agricultura (tras ser nombrado asesor del presidente Clavijo para asuntos agrarios) y sus vinculaciones con la actividad empresarial ganadera han levantado una enorme polvareda en ese departamento autonómico, donde se ha iniciado una caza de brujas para descubrir quién ha filtrado el malestar de algunos directores generales por los modales de Dávila y sus relaciones tan estrechas con Henry Sicilia, presidente de Asaga-Canarias, secretario de Asprocan, integrante de la ejecutiva de CEOE-Tenerife y empresario platanero, ganadero y del pienso en Tenerife, aparte de cuñado del citado asesor. Éste ocupó en la legislatura pasada el puesto de dIrector general de Ganadería.

Tras el descontento generalizado del sector agrario por el regreso de Dávila a la Consejería de Agricultura, donde se sospecha que también defiende sus intereses personales y empresariales, ya se ha tomado la decisión de que éste no participe en las reuniones y negociaciones con los agentes agrarios locales, medida que se puso en práctica en la reunión global que se produjo el miércoles pasado en Agricultura, esta vez para preparar la segunda reunión integral con vistas a mejorar las ventas de la producción local en el sector turístico.

Según han informado varias fuentes, colectivos de ganaderos y empresarios de este mismo sector son partidarios de que se aleje a Dávila de la gestión pública en Agricultura. Algunas entidades incluso ya preparan un informe extenso sobre cómo han evolucionado las partidas y cuantías de determinadas ayudas del Posei que tienen que ver con el vacuno de carne y el porcino, actividades productivas en las que Dávila posee intereses que no puede esconder, y ello de la mano de Henry Sicilia.

La organización profesional agraria reclama más contundencia en los controles a la Consejería de Agricultura y a los servicios estatales de Aduanas

El sector agrícola local está que trina, por lo menos el que representa la organización profesional agraria Palca (Plataforma Agraria Libre de Canarias), que el miércoles de esta semana denunció ante la Consejería de Agricultura del Ejecutivo autonómico la comercialización fraudulenta de naranjas traídas por un operador desde fuera de las Islas. Estas partidas están siendo vendidas al por menor al menos en Tenerife y La Palma, en cajas que no se ajustan a lo que establece la normativa en materia de cartones y en etiquetado. Éste no refleja, como es obligación, la trazabilidad del producto desde la finca de cultivo de la fruta hasta el operador comprador de la mercancía.

El citado problema, tan habitual en Canarias y tantas veces denunciado por agricultores locales y organizaciones profesionales agrarias con presencia en las Islas, estalló el miércoles pasado en la misma entrada del edificio de Usos Múltiples II, en Santa Cruz, donde un grupo de agricultores se topó con tal comercio ilegal de fruta importada. Ello propició una queja verbal, en ese mismo momento, ante dirigentes de Agricultura y también mucho nerviosismo por parte de algunos de los cargos públicos a los que se les cuestionó su labor de control ante hechos como los ocurridos.

Tal y como sostuvo Amable del Corral tras ser preguntado por este asunto, Palca tiene serias sospechas de que haya entrado una partida amplia de naranja importada con origen en América, cuya procedencia, por las medidas de protección fitosanitaria que imperan en el campo isleño (reguladas en una orden ministerial), no se puede admitir de ninguna de las maneras: no deben ser introducidas en las Islas.

Las partidas de naranjas importadas que aún se venden en las Islas están etiquetadas con el nombre de una empresa que pone como origen de la fruta Valencia. Ni la etiqueta ni el envase utilizados son legales, lo que alimenta las sospechas de que se trate de un envío con origen en países que no pueden abastecer mercados locales del Archipiélago.

Tanto las autoridades canarias como las del Estado en las Islas han sido informadas de estas anomalías, que Palca espera que sean resueltas de forma rápida para evitar un mayor daño a los agricultores isleños, ya muy machacados por tanta competencia desleal y fraudulenta.