La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, Águeda Montelongo, presentó varias enmiendas al Dictamen sobre la Proposición de Ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias. Una de ellas se refiere a la importancia de la formación de los miembros del Consejo Rector
 
“La actual redacción no garantiza que quienes se postulen para el Consejo Rector tengan formación superior, en tanto que establece que podrán serlo  indistintamente las personas con formación superior o de reconocida competencia” explicó Montelongo. “Por ello, nuestras enmiendas exigen que sea requisito la formación superior y la reconocida competencia para ser miembro del Consejo Rector del ente público”.
 
“No podemos lanzar otro mensaje a los jóvenes que hoy se están formando. La formación aporta calidad y excelencia, valores necesarios en RTVC y que esta proposición de ley recoge también como valores de este ente público” expuso la diputada popular. “Precisamente, muchas de las situaciones que vemos hoy en día en el actual ente público de Radiotelevisión Canaria se pueden estar dando por dejar en manos de personas sin la formación necesaria, y también sin la experiencia imprescindible”.
 
El Grupo Parlamentario Popular también plantea, por un lado, adscribir orgánicamente el ente a la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la consejería competente en materia de comunicación audiovisual. “Lo planteamos porque es necesario darle una adscripción orgánica, como lo está hoy, en este caso, a la consejería de Economía y Hacienda. La inmensa mayoría de los entes públicos de radio y televisión de las diferentes comunidades autónomas, tienes adscripción al Gobierno autonómico. Ello no perturba la independencia funcional que todos queremos para RTVC”.
 
Como medida de transparencia del ente y rendición de cuentas ante este Parlamento, planteamos que el informe anual sobre la gestión del ente RTVC y sus sociedades sea remitido al Parlamento de Canarias para su conocimiento. “Además, planteamos también que los miembros del Consejo Rector que no estuviesen de acuerdo con el contenido de este informe puedan emitir sus votos particulares, como garantía de transparencia y eficacia en la gestión del ente” declaró Águeda Montelongo.
 
Otra de las propuestas es que una persona debe ser el administrador único de las sociedades prestadoras del servicio público, que además debe recaer en la persona del presidente del Consejo Rector y que debe ser ratificado por la junta general de cada sociedad. “Con ello buscamos evitar que pueda haber administradores distintos para cada sociedad y con ello reducir el gasto, además de por una cuestión de operatividad del propio Consejo Rector y que estos administradores no escapen al control efectivo del Parlamento”.
 
A través de otra enmienda se plantea otorgar al Consejo Rector la capacidad de proponer el nombramiento del equipo directivo, de manera que sea más participativo, así como fomentar la participación de los trabajadores, haciéndoles partícipes del nombramiento del equipo directivo. “Del mismo modo se busca promover la participación de los trabajadores en el nombramiento del director de los servicios informativos”.
 
El artículo 12 se refiere al mandato del Consejo Rector y la actual redacción lo establece en seis años, “con nuestra enmienda planteamos reducir ese tiempo a un periodo de tres años, por entender que puede resultar excesivamente largo un periodo de seis años” dijo Montelongo. “En el mismo sentido, nuestra enmienda adapta el periodo de renovación parcial de dos o tres consejeros a 18 meses, teniendo en cuenta la modificación de la duración del mandato.
 
“Por último buscamos, a través de una enmienda, que esta ley que pretendemos aprobar en este Parlamento no sufra un letargo en su puesta en marcha práctica, por ello planteamos fijar un plazo para el nombramiento de los miembros del Consejo Rector, con el objetivo de que ese primer Consejo Rector empieza a trabajar en todos los nuevos mecanismos que recoge este nueva norma” expresó la diputada.
 
Por otro lado el Grupo Parlamentario Popular rechazó la propuesta de Coalición Canaria y del Partido Socialista de la elección por, mayoría absoluta por parte del Parlamento, de los miembros del Consejo Rector. “No estamos de acuerdo en que se repitan situaciones en las que el Consejo esté apoyado exclusivamente por los grupos que sostienen al gobierno. Consideramos que este tipo de decisiones deben contar con el respaldo mayoritario del Parlamento, con el mayor consenso posible y una mayoría cualifiada” concluyó Montelongo.