El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad la proposición no de ley del PSOE por la que se pide al Gobierno del PP que reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. 

La portavoz de Igualdad del PSOE, Ventura del Carmen Rodríguez, precisó que se solicita, concretamente en los presupuestos generales del Estado para 2016, multiplicar por cinco la partida destinada a la Delegación del Gobierno para la violencia de género.

También se pide crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la mujer para el desarrollo y cumplimiento de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Otras de las medidas que se piden con la PNL es la puesta en marcha, en los juzgados especializados en violencia de género, un servicio de acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. 

Establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género; activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género; incorporar al currículo la formación específica en igualdad; poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género; establecer normativamente la obligación de que magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados, abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género ostenten certificado formación específica en la materia impartida por una institución acreditada y a ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, son los puntos que completan la propuesta.