Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, afirmó hoy que el Consistorio “estará sometido y sojuzgado” por el Cabildo Insular de Tenerife si acepta, como propuso hoy el delegado municipal de Transportes, Dámaso Arteaga, la pretensión de la Corporación insular de cobrar la factura por el servicio de Titsa retrayendo de la liquidación del Régimen Económico y Fiscal (REF) las cantidades correspondientes a cada mensualidad.
 
Tras finalizar la Comisión de Movilidad, en la que se trató este asunto, Arcila dijo que este sistema deja en manos del Cabildo el control sobre un total aproximado de 12 millones de euros, que es la cantidad que Santa Cruz le paga a la institución insular anualmente por el servicio de Titsa. Hasta ahora, ambas partes discuten y negocian cada factura en función de diversos parámetros que aporta el Cabildo, pero el Gobierno insular pretende cambiar este procedimiento porque, asegura, los pagos se retrasan, lo que genera problemas de tesorería y de liquidez.
 
La propuesta del Cabildo consiste en restar cada mes, del dinero que le corresponde a Santa Cruz por la liquidación del REF, la cantidad que la propia institución calcula que debe cobrar, lo que supone, de hecho, que es esta administración, y no el Ayuntamiento, la que tiene el control sobre los más de 12 millones de euros que le cuesta el servicio al Consistorio anualmente.
 
“Con este sistema –afirmó Arcila–, queda a criterio del Cabildo la cantidad que le cobra mensualmente al Ayuntamiento, y no es hasta la liquidación anual cuando Santa Cruz puede saber si se le ha cobrado de más”. La defensa “con uñas y dientes” que hizo hoy Arteaga de este procedimiento “nos hace pensar que actúa más como consejero del Cabildo que como concejal del Ayuntamiento –lamentó el edil ecosocialista–, pues coloca a Santa Cruz en una situación financiera de sometimiento a los intereses del Gobierno insular”.
 
Un pronto pago dudoso
En cuanto al argumento de Arteaga de que este sistema permite al Ayuntamiento disfrutar de los beneficios de un pronto pago que traería consigo la reducción de la factura en un 1%, Arcila señaló que este procedimiento es jurídicamente dudoso y que nadie mediamente responsable puede creer en las rebajas que ofrezca el Cabildo.
 
Además, los propios técnicos municipales han advertido de que no están en disposición de afirmar que puedan dar conformidad a las facturas en un plazo de cinco días, cumplido el cual desaparecería de manera automática la condición de pronto pago y, por tanto, el citado beneficio económico.