La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y  presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, dudó de la “efectividad” del  decreto ley que establece el régimen jurídico y las medidas para el control y la  gestión del COVID-19, publicado ayer, por ser “extremadamente ambiguo y  estar repleto de generalidades”. “Y parece que está, criticó, exclusivamente  preparado para sortear las autorizaciones de los tribunales de Justicia”. 
Navarro, que realizó estas manifestaciones tras una primera evaluación de la  norma, señaló que “a falta de un análisis más exhaustivo estamos ante un texto  apresurado, tras los sucesivos varapalos judiciales, que no ofrece garantías  jurídicas suficientes para combatir la pandemia con eficacia”.
  
Para la dirigente de los populares canarios “prueba de las prisas y la  improvisación” del Ejecutivo es que algunas de las exigencias establecidas en el  texto legal “podrían estar incurriendo en una afección a derechos fundamentales  y restricciones de la libertad individual”. 

“Así mismo, lamentó, que el gobierno imponga determinadas obligaciones y  posibles sanciones sin argumentos ni fundamentos científicos que sostengan y  avalen dichas medidas”. 
Por último, Navarro alertó de que nos encontramos, además, ante un decreto  que en algunos aspectos puede estar invadiendo competencias de ámbito  estatal “con disposiciones que van en contra de normas de rango superior”. 

LEY DE PANDEMIAS 

“Los gobiernos de las comunidades autónomas no son los que tienen que hacer  normas excepcionales para combatir la pandemia y es lamentable que el  presidente Torres haya tenido que recurrir a este decreto ley, pese a las dudas  jurídicas que genera, por no haber exigido al gobierno de Sánchez tomar en  consideración la Ley de Pandemias propuesta hace más de una año por el  Partido Popular”. 

Al respecto, destacó la plena vigencia todavía de la propuesta de los populares  para elaborar una ley que proteja y ampare a todas las comunidades con plenas  garantías legales y constitucionales “porque las libertades y derechos públicos  fundamentales no se pueden conculcar”. 

“Actuaciones como la llevada a cabo por el Gobierno de Canarias, ponen en  evidencia el vacío legal en el que Sánchez ha dejado a las autonomías tras el  cese del estado de alarma y demuestran que España sigue necesitando  urgentemente un marco legal para contener los contagios de esta pandemia.  Llevamos más de un año pidiéndolo, lo hemos registrado dos veces en el  Congreso, hemos seguido las recomendaciones de la UE y de los tribunales y contamos con el aval del Consejo de Estado”, concluyó.