El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha rechazado la admisión de un menor de dos años y medio con parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 67% en las listas de acceso a las escuelas infantiles públicas del municipio, alegando, según establece una Ordenanza, que, de acuerdo al Reglamento de Escuelas Infantiles Municipales, se ha excluido al menor por presentar un grado de discapacidad que no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo.

En este sentido, la familia, al solicitar la plaza en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de dicho municipio, fue requerida para aportar una copia del certificado de discapacidad del menor y un certificado médico del mismo, el cual (emitido el pasado mes de marzo) estipulaba que era necesaria la presencia de un auxiliar de apoyo para el menor, y, ante esto, el Ayuntamiento ha alegado que no cuentan con presupuesto para contratar a un auxiliar. 

Según denuncia la familia del niño, “la ordenanza del Ayuntamiento fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada”, ya que “supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles”. 

El pasado mes de marzo, la familia del menor solicitó una plaza para matricular a sus dos hijos mellizos en las escuelas infantiles públicas de San Cristóbal de La Laguna; y tras tres meses, el Ayuntamiento publicó las listas provisionales de acceso, en las que se admitía a uno de los hijos sin discapacidad en los primeros puestos de la reserva, mientras que se excluía al otro con parálisis cerebral.

Ante este caso, la familia ha venido presentando distintas reclamaciones ante las autoridades públicas, como el concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas; al alcalde del municipio, Fernando Clavijo; a la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, a la Dirección General de Políticas Sociales, así como a la Viceconsejería de Educación, sin obtener una solución al respecto.

Asimismo, tras las reclamaciones, el pasado 1 de agosto se publicaron las listas definitivas, mediante un Decreto Concejal, en las que se reflejaba la exclusión definitiva de uno de los hijos por tener una discapacidad y no tener personal para atenderle, y la familia volvió a presentar un recurso de reposición dirigido al alcalde -en el que se aludía a la vulneración de derechos para las personas con discapacidad-, el cual fue desestimado. 

Según informa la familia del menor, también ha recurrido a la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y ante el diputado del Común del Gobierno de Canarias, quienes “sí han mostrado preocupación por el caso”; al mismo tiempo que se ha dirigido al Cermi Estatal y al Cermi Canarias para solicitar su intermediación en este caso de discriminación

El Cermi Estatal, tal y como anuncia, pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía del Estado para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad