El presidente del CCN en Tenerife, Benito Codina, pidió el cese del gerente y de la consejera delegada de SIMPROMI por la negligencia en el control del dinero público que estaba bajo su responsabilidad y presuntamente se desvió por parte del que hasta hace unos día era el encargado de las finanzas de esa entidad.
 
En opinión de Codina, si el principal montante desviado procedía de los aparcamientos gestionados por SINPROMI y suma casi 600 mil euros, no es una cifra que se corresponda con la recaudación de un solo año, por lo que, según parecen confirmar las primeras investigaciones, era una conducta presuntamente delictiva que se repetía año tras año. Consiguientemente, la negligencia en el control por parte del gerente y de la consejera delegada ha sido reiterada.
 
Codina apuntó que éste es el resultado de convertir una iniciativa loable como fue la de promover desde el cabildo insular la integración social de las personas con discapacidad, en un vivero de enchufados y de pagos políticos. De la idea inicial de tener un funcionario de carrera al frente de la empresa pública, se ha pasado a tener a cargos de designación política cuyo principal mérito es la militancia o simpatía hacia el partido que gobierna. Con lo que los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son los que deben garantizar el acceso a la función pública, han saltado en mil pedazos.
 
El dirigente del CCN terminó señalando que si grave es apropiarse de dinero público, más aún lo es de aquel que debería tener como fin la integración social y laboral de los colectivos más desfavorecidos, como son las personas con discapacidad. ¿Cuántos empleos se podrían haber creado con esos 600 mil euros?, ¿no es lo suficientemente grave como para que eso se merezca un par de ceses? se terminó preguntando Benito Codina.