CCOO denuncia ilegalidad en actuación del Gobierno en la expulsión de los extranjeros de Isla de Tierra

El marco jurídico de extranjería vigente prevé -desde hace muchos años- que aquellos extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en España serán objeto de devolución al país de origen, previa tramitación del expediente administrativo correspondiente con los derechos reconocidos en la ley, entre ellos, la asistencia jurídica, en su caso, gratuita.
Paloma López, secretaria confederal de Empleo y Migraciones de CCOO
CCOO denuncia el comportamiento no ajustado a la legalidad vigente, llevado a cabo por el Gobierno de España en relación con la expulsión ilícita de los extranjeros de Isla de Tierra, y recuerda que el marco jurídico de extranjería vigente prevé -desde hace muchos años- que aquellos extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en España serán objeto de devolución al país de origen, previa tramitación del expediente administrativo correspondiente con los derechos reconocidos en la ley, entre ellos, la asistencia jurídica, en su caso, gratuita.

En caso de que -como en el supuesto mencionado- los extranjeros se hallasen ya en territorio español, el procedimiento administrativo debe ser - en su caso- el de expulsión, el cual conlleva asimismo determinados derechos y garantías procedimentales.

Respecto a los extranjeros de la Isla de Tierra, el Gobierno de España ha optado por una vía de hecho ilegal, esto es, sacarles de territorio español y entregárselos a las autoridades de un país extranjero sin más trámite, sin respeto al procedimiento legalmente establecido y -lo que es peor- sin respetar los derechos humanos de dichas personas.

Mayor preocupación genera el hecho de que algunas de esas personas pudiesen provenir de zonas en conflicto o huir de persecuciones políticas o étnicas, porque entonces el Gobierno de España ni siquiera les ha permitido solicitar el correspondiente asilo político y ejercer su derecho a tal fin, incumpliendo lo previsto en los tratados internacionales suscritos por España y específicamente la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de asilo.

Este comportamiento, de aplicar criterios ilegales, podría llegar a calificarse como prevaricación, pues se han tomado resoluciones administrativas injustas, a sabiendas de su injusticia y su no adecuación al marco jurídico vigente, tal y como hemos relatado. CCOO exige que se respete la legalidad vigente y especialmente los derechos humanos de las personas, máxime en un Estado de Derecho y con respecto a personas susceptibles de protección.