En este sentido, el CERMI estatal ha saludado la decisión de la Secretaría de Estado de Hacienda de imponer una sanción económica de 25 millones de euros a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID) por infracción muy grave en materia de juego, al quedar acreditado administrativamente que desarrolla actividades de juego ilegal.

Para el CERMI, esta medida es un primer paso positivo, después de muchas décadas de inacción y desidia de los poderes públicos en la persecución efectiva de las manifestaciones de juego ilegal, como el caso de la OID, que usan a personas en situación de vulnerabilidad social -entre ellas, a personas con discapacidad- para sus fines contrarios a la legalidad vigente.

No obstante, las sanciones pecuniarias no bastan para erradicar estas prácticas ilícitas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad y perjudican gravemente la estabilidad y continuidad de este sector social, por lo que insta a Hacienda a ir mucho más lejos y a adoptar medidas más enérgicas contra los entramados de juego ilegal, con el fin de desmantelar de raíz y para siempre sus estructuras.

El CERMI, como expresión articulada más representativa del movimiento social de la discapacidad, seguirá reclamando al Ejecutivo nacional y a los gobiernos autonómicos con competencias en la materia que persigan el juego ilegal y hagan caer todo el peso de la Ley contra sus promotores y dirigentes.