CERMI Canarias manifiesta su oposición a la vez que se adhiere a los planteamientos de Entidades de personas con discapacidad, expertos y partidos políticos, que aseguran que esta reforma en trámite parlamentario establece una perversa correlación entre estas personas y la peligrosidad y se establecen medidas de seguridad ‘sólo para ellas’, lo que resulta “claramente discriminatorio”.

Advierte que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que se encuentra en trámite parlamentario, atenta contra la libertad y los derechos de las personas con enfermedad mental y las personas con discapacidad intelectual. 

Desde la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), denuncian que no hay centros adecuados para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual que han cometido un delito y han sido absueltos por no ser responsables de sus actos.

Para el CERMI Y  FEAFES en Canarias, “no existe una atención socio-sanitaria adecuada para las necesidades de estas personas”, algo que es “fundamental” como medida preventiva y “necesario” como alternativa al encierro en cualquier institución penal. Además, según el actual Código Penal, si una persona comete un delito y se le considera no imputable, lo habitual es que se le aplique el internamiento en un centro psiquiátrico, en el que no podrá estar ingresado más tiempo del que hubiera tenido que cumplir si hubiera ido a la cárcel.