El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias (CERMI Canarias) desmiente la noticia publicada en diversos medios de comunicación en la que se acusa a la Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado (SELAE) de utilizar menores en la venta y publicidad de productos de dicha entidad, en concreto, el sorteo extraordinario de Navidad. La denuncia ha sido interpuesta también contra el secretario de Hacienda, Miguel Ferré.
 
La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) solicita que se suspenda el sorteo extraordinario de Navidad, mientras se sigan utilizando menores en él y demanda que los mismos sean sustituidos por personas con discapacidad. 

El CERMI Canarias, como principal representante de las personas con discapacidad de la comunidad de Canarias, no comparte esta afirmación y desmiente que se lleve a cabo algún tipo de explotación laboral de menores en el mencionado Sorteo.
Se recuerda que el Colegio de San Ildefonso ha sido colaborar e impulsor de dicho sorteo desde hace más de tres siglos; siendo el primer sorteo en el que toman parte como extractores los niños de San Ildefonso el 9 de marzo de 1771; por lo que se considera que forma parte de la historia de nuestro país.

El Colegio de San Ildefonso es la Institución dedicada a la infancia más antigua de Madrid con más de 400 años de existencia. Su actividad interna se ha basado en la acogida y educación de madrileños huérfanos o con pocos recursos económicos.

Finalizados los estudios que se imparten en el colegio el SELAE se hace cargo de la totalidad de los estudios hasta él más alto grado de cualquier carrera universitaria que realicen los alumnos del Colegio de San Ildefonso que no cuenten con medios económicos para cursarlos. 
Por todo ello queda demostrado que no se lleva a cabo explotación infantil en este Sorteo, ni a través de las instituciones mencionadas.

El CERMI Canarias rechaza la propuesta de que sean personas con discapacidad las que realicen el sorteo, puesto que no existe motivo alguno para cambiar una tradición de más de 300 años en nuestro país y que no vulnera ningún derecho fundamental ni del colectivo de personas con discapacidad, ni de ningún otro colectivo.