El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias (CERMI Canarias) ha reclamado este lunes a las administraciones públicas de la comunidad autónoma “medidas claras y contundentes” para hacer frente a las consecuencias que la pandemia de COVID-19 ha ocasionado en las personas con discapacidad, sus familias y las entidades del sector.

Así lo ha expresado la presidenta de CERMI Canarias, Carmen Laucirica, durante su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, donde ha lamentado el mayor impacto de la pandemia en las personas con discapacidad, que han sufrido en mayor medida los efectos en el mercado laboral; en el acceso a la educación telemática por falta de accesibilidad de contenidos y plataformas y ausencia de apoyos, y han visto reducidos o cerrados los servicios de atención que necesitan muchas de estas personas.

Otro de los ámbitos en los que más se han visto afectadas las personas con discapacidad es la salud. Así, según ha detallado Laucirica, “la información con la que contamos deja ver que un 34% de las personas con discapacidad han visto mermada su salud durante este periodo”, mientras que la salud psíquica se ha visto mermada en un 50%. A su juicio, esta situación se ha agravado por el cierre de recursos de atención y por las situaciones en las que las personas con discapacidad o mayores han vivido la pandemia en recursos institucionalizados.

AISLAMIENTO

“No se ha garantizado la relación y/o comunicación de la persona residente para con su familia y personas significativas. La eliminación de este contacto ha sumido a los allegados en situaciones de estrés y ansiedad, y, en caso de los residentes, alteraciones psicológicas y problemas conductuales.  Es el caso de muchas familias que, según el modelo de residencia en que estén sus hijos, han perdido la mayor parte del contacto con su familiar. Incluso condiciones tan restrictivas como que la incorporación de una persona con discapacidad, habiendo dado negativo el PCR, tenga que estar en aislamiento 14 días, con lo que supone para este perfil”, ha advertido   la presidenta de CERMI Canarias.

Por ello, ha pedido que no vuelva a repetirse esta situación y que se refuerce la colaboración entre administraciones para que en todo el territorio canario se trabaje con los mismos criterios y se cuente en todo momento con la opinión de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

Asimismo, ha instado a impulsar medidas para garantizar que las personas que deseen vivir en comunidad no tengan como única opción residir en un centro con muchas personas, que, además, en casos de crisis sanitarias, han demostrado que “son más inseguros”.

Carmen Laucirica también ha alertado sobre la situación de las entidades de la discapacidad y de los servicios que prestan por falta de financiación de las administraciones, por lo que ha resaltado la necesidad de que se refuercen de forma importante estos recursos, de forma que la sostenibilidad de las organizaciones no se vea más comprometida.

Garantizar la accesibilidad a la información y a las tecnologías de comunicación con otras personas; impulsar programas de inclusión laboral incluido el fomento de la actividad de los centros especiales de empleo y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación ya sea presencial u online, son otras de las demandas expuestas por Laucirica.

“En los tiempos actuales, la incertidumbre se ha convertido en una constante, que se multiplica en aquellas familias que tienen algún miembro con discapacidad. Por este motivo es tan importante acompañar a las familias con medidas claras y contundentes, que alivien la sobrecarga que ha supuesto y supone la situación actual”, ha añadido la presidenta de CERMI Canarias, quien ha concluido haciendo hincapié en que se cuente en todo momento con las organizaciones de la discapacidad como apoyo para la toma de decisiones sobre esta parte de la ciudadanía.