Coalición Canaria-PNC impulsa desde hoy una moción en todos los ayuntamientos de Canarias para rechazar los términos del acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda de España y reclamar que las corporaciones locales puedan disponer libremente sus ahorros para destinarlos a los programas y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades.

Los nacionalistas defenderán así en todas las corporaciones locales del archipiélago la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que se permita a las Administraciones Locales poder disponer, de manera responsable, de sus propios fondos, a través del uso de los remanentes y superávits, sin las restricciones actuales. 

Los nacionalistas confían en que todas las fuerzas políticas que han mostrado su rechazo al acuerdo de la FEMP con el Ministerio de Hacienda se sumen a esta moción que solo persigue que se permita a los ayuntamientos hacer uso de sus propios ahorros y que, por tanto, “todos los grupos municipales, con independencia de las siglas políticas, pongan por delante del interés de sus partidos el interés de la ciudadanía y respalden esta moción”. 

Como recuerda el texto de la moción, el acuerdo, no unánime, entre la FEMP y Hacienda, contempla que las Entidades Locales que pongan a disposición del Gobierno sus remanentes de tesorería irán percibiendo de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. 

A partir de 2022, y en un plazo de quince años, los Gobiernos Locales habrán recibido la totalidad de los remanentes cedidos. Una propuesta que, como señala CC-PNC, deja a los ayuntamientos ante la disyuntiva de elegir entre liquidez y posibilidad de usar algo de su remanente a través de esta cesión al Estado.  Es decir, lo que se propone “es una solución que nada tiene que ver con la petición formulada por muchos ayuntamientos, que simplemente pedían poder invertir los “ahorros”, de manera responsable, en la ciudadanía, ya que estos “ahorros” pertenecen a los vecinos”.

Para los nacionalistas, el acuerdo que, sin el consenso necesario, ha impulsado el PSOE, no solo coarta la  capacidad de decisión de los ayuntamientos sobre sus propios recursos “sino que ni siquiera pueden decidir sobre la cuantía del remanente que se pone a disposición del Estado, siendo una especie de ‘todo o nada’” y recuerdan que  las corporaciones locales cuentan con estos recursos, que ascienden a unos 15.000 millones, “gracias al ahorro generado por una eficiente gestión del gasto y de la gestión recaudatoria, y son los mejores preparados para la gestión rápida y ágil de ayudas a la ciudadanía”.

Los nacionalistas canarios defienden que en esta situación es necesario “un gran consenso” que deje fuera “las siglas políticas” para lograr soluciones eficaces y eficientes para los problemas a los que se vienen enfrentando los Ayuntamientos desde hace tiempo. Así, recuerdan los acuerdos de la propia FECAM que ha mostrado su insatisfacción y descontento con el acuerdo alcanzado por la FEMP porque no se corresponde con las demandas exigidas de la FECAM y lo considera mejorable.

En este sentido, CC respalda la exigencia de la FECAM para que no se tenga en cuenta la Regla de Gasto en el ejercicio económico de 2020 y para que se derogue ya la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Contratos Públicos y se cree, además, un fondo adicional no reembolsable para todos los Ayuntamientos tengan o no tengan superávit o remanente.

Los nacionalistas insisten en que esta moción, que se registra desde hoy en todos los ayuntamientos de Canarias para su debate y votación en pleno municipal, “es una defensa del municipalismo y responde a la preocupación de atender las necesidades de nuestra ciudadanía” en la misma línea de lo manifestado por alcaldes de Cádiz, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza (que pertenecen a ocho partidos diferentes) y que también han manifestado su más profundo rechazo al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda porque vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, incauta sus superávits y margina injustamente de las ayudas estatales a los ayuntamientos que no disponen de remanentes.