El ex concejal de urbanismo de S/C Norberto Plasencia, imputado por la compra de la Casa Siliuto

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05 de julio de 2012 (04:59 h.)

Un informe del Juzgado concluye que el Ayuntamiento pagó 148.000 euros de más en la compra de este inmueble en el que se iba a situar la Casa de la Juventud

Noé Ramón

La fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral ha interpuesto una denuncia por la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos a raíz de la adquisición por parte del Ayuntamiento en el año 2003 de la conocida como casa Siliuto en el barrio de El Toscal. Dentro de las diligencias que se llevarán a cabo está que se citen a declarar en calidad de imputado al entonces concejal de Urbanismo, Norberto Plasencia y a todos los miembros que conformaban el Consejo de la Gerencia en aquel momento. También deberán comparecer como testigos los antiguos propietarios del inmueble en el que se piensa instalar desde hace años la Casa de la Juventud.

La Fiscalía ha elaborado un informe pericial en el que se fijó el valor del inmueble en 475.500 euros, lo que supone una diferencia de 137.000 con la cantidad finalmente abonada por la Corporación local. Además, el Ayuntamiento asumió el pago de otros 11.000 euros en concepto de los impuestos derivados de la compra, pese a un acuerdo anterior del Consejo en el que se indicaba que debían ser abonados por los antiguos propietarios. Lo que implica una diferencia0 de 148.000 euros.

La denuncia fue presentada de forma separada por los abogados Felipe Campos y Pedro Arcila, que en este último caso ostenta la condición de concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz. El edificio fue adquirido por la Corporación local en el año 2003 por casi 613.000 euros cuando la tasación realizadas por los técnicos municipales situaba su valor en cerca de 332.500 euros. Sin embargo, sin que se haya aclarado cuál es la razón ni el motivo el Ayuntamiento optó por encargar otra tasación a la empresa Tinsa que sitúo el coste del inmueble en casi 706.000 euros, el doble de lo fijado por los técnicos de la Corporación local. Por su parte los entonces propietarios de la Casa aportaron otro informe en el que se fijaba el precio en 612.277 euros, incluso menos de lo que luego se abonó.

Finalmente, el consejo de la Gerencia de Urbanismo, presidido en aquel entonces por Norberto Plasencia, imputado también en el caso de los vertidos en La Hondura, la inejecución de una sentencia de derribo de un edificio en Ifara y acusado en el caso mamotreto, decidió aceptar el precio más alto que era el aportado por la empresa Tinsa, que curiosamente fue tambien la que elaboró la controvertida tasación de Las Teresitas. Con todo ello se daba lugar a un desfase que la fiscalía califica de "clamoroso" de cerca de 280.000 euros para las arcas municipales.

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