El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales con el que establece las actuaciones necesarias para afrontar en este ejercicio presupuestario el recorte de fondos públicos que ha sufrido la comunidad autónoma tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. El proyecto de ley será elevado ahora al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación definitiva. El objetivo temporal que se persigue para su entrada en vigor es el 1 de julio.

El Gobierno en su reunión de hoy ha cerrado los términos definitivos de este texto legislativo, tras analizar el informe de los servicios jurídicos del Gobierno y el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Canarias.

El proyecto de ley contempla medidas tendentes a la reducción del gasto público y el incremento de la eficiencia en la prestación de servicios por parte de la Administración Pública de Comunidad Autónoma de Canarias. El proyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales está compuesto de dos libros, uno vinculado a las reformas de la Administración Pública y el segundo integrado por todas las modificaciones legislativas en el sistema tributario que resultarán de aplicación tras la aprobación del texto legislativo por el Parlamento de Canarias. 

Dentro de las medidas administrativas, se recogen tanto las supresiones como la reestructuración de la organización y funciones de distintos organismos públicos y órganos administrativos de la Administración Pública, y se establece el régimen básico de la constitución o participación de la Administración Pública canaria y de las entidades públicas o privadas integrantes del sector público autonómico en cualquier consorcio. 

Asimismo recoge medidas para la racionalización y distribución de empleados públicos, la modificación de la Ley de la Función Pública Canaria en materia de jubilación, permisos, licencias y duración de los procesos selectivos y concursos de méritos y se realizan varias modificaciones legales tendentes a la reducción transitoria de las retribuciones del personal. 

El proyecto de Ley recoge distintas modificaciones de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, para solventar las dificultades surgidas en su aplicación práctica, así como medidas transitorias para los ejercicios de 2012 y 2013 exigidas por la coyuntura económica, referidas tanto al importe global del Fondo como a los criterios que deben seguirse para su aplicación en dichos ejercicios. 

Además, el texto contiene medidas para gestión de juegos y apuestas; modifica algunos preceptos de la regulación de las parejas de hecho. 

El libro II contiene las medidas fiscales tendentes a garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, como instrumento para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en la economía. Todo ello, preservando para los ciudadanos el núcleo esencial del estado de bienestar.

En el ámbito de los ingresos, el proyecto establece la creación de nuevos tributos y tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, y el incremento de los impuestos sobre el combustible y el IGIC.  Además, se crean  dos nuevas figuras impositivas.  Se instaura el impuesto sobre depósitos a entidades financieras  y se establece el impuesto a grandes superficies.

Con carácter temporal, el IGIC incrementará el tipo general desde el 5% actual al 7%, elevará el establecido con el 2% al 3%, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%.

Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF),  se  aumenta  la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros/año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%.

También se elimina la actual bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano.

Las medidas recogidas en este proyecto de ley son consecuencia de la necesidad de adaptar las cuentas autonómicas a la nueva realidad presupuestaria definida por el Gobierno de España para Canarias en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que no garantizan la suficiencia financiera de la Comunidad Autónomade Canarias.