El Partido Popular ha pedido al Gobierno de Canarias la modificación del sistema informático que gestiona la receta electrónica, “para evitar que los pensionistas de las Islas tengan que adelantar el pago indebido de una parte de sus medicamentos y pedir después su reintegro, como viene ocurriendo en la actualidad”, según informó la diputada Mercedes Roldós.

La aplicación de los nuevos topes que garantizan la sostenibilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud, establecidos según el nivel de renta en 8, 18 y 60 euros, está provocando que los pensionistas canarios afectados tengan que adelantar el pago de forma indiscriminada, viéndose obligados a tramitar posteriormente su devolución.

En una iniciativa parlamentaria presentada ayer en la Cámara regional, la portavoz popular de Sanidad, Mercedes Roldós, asegura que para solucionar esta situación “bastaría con una sencilla modificación en el módulo de receta electrónica, que permita registrar la fecha, el precio total de envases dispensados, la aportación que corresponde pagar y la acumulada de dispensaciones anteriores, y el tope de aportación, de forma que en la siguiente dispensación no se cobre el porcentaje indebido”.

“Resulta absurdo que la utilización de la receta electrónica acabe convertida en un trastorno para los pacientes, en lugar de una ventaja y una comodidad”, afirmó la diputada del PP, para quien la Consejería de Sanidad “no ha tenido los reflejos suficientes ni la capacidad de reacción necesaria para resolver un problema que tiene fácil arreglo”.

En este mismo sentido, Roldós dio a conocer la presentación de una segunda proposición no de ley, en la que los populares defienden la necesidad de alcanzar un acuerdo con los Colegios Farmacéuticos “para garantizar el abastecimiento, preservar los puestos de trabajo y atender la deuda contraída por el Gobierno con las oficinas de farmacia”.

La diputada popular recuerda en su iniciativa que los 444´58 millones de euros contemplados en el presupuesto de este año para sufragar el coste de medicamentos “eran claramente insuficientes”, tras abonar la deuda pendiente de 2011 con las 764 farmacias de las Islas. Así mismo, advierte que el Gobierno de Canarias “ya no dispone de recursos para este ejercicio”, que podría cerrarse con un déficit de unos 150 millones de euros, según los cálculos de los populares.

Ante esta situación, Mercedes Roldós defiende la necesidad de un plan de actuación que “garantice el acceso de los canarios a los medicamentos y productos sanitarios”, basado en un acuerdo consensuado con los Colegios Farmacéuticos de Canarias.

La propuesta popular plantea la necesidad de un plan de pagos “con fechas precisas para atender la deuda”; un convenio con los colegios profesionales para que las oficinas de farmacia puedan acceder a la financiación bancaria de los cobros pendientes, asumiendo el Gobierno regional el pago de los intereses que generase; e insiste en la necesidad de participar en el Fondo de Liquidez Autonómico para cumplir con las obligaciones de pago contraídas durante el presente ejercicio con las farmacias de las Islas.