El Real Decreto sobre el gasto en el ámbito educativo es un “hachazo para las universidades canarias”

María Jesús Hernández García, portavoz de Sí se puede, considera injustas y discriminatorias las disposiciones del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

La portavoz ecosocialista señala que su formación ha mantenido desde su nacimiento como partido político “una defensa a ultranza de las enseñanzas públicas, desde la educación infantil hasta los niveles universitarios, posicionamiento desde el cual se construye la presente declaración pública. Reiterando nuestro apoyo a todos los sectores afectados por los actuales recortes en el ámbito educativo, centramos nuestras reflexiones, en esta ocasión, en las repercusiones de la aplicación del Real Decreto sobre la educación superior y, más concretamente, en sus consecuencias para las universidades canarias”.

Hernández cree que “a nadie resulta ajeno, ni tan lejano, el problema que suponía para la población canaria en el pasado el acceso a determinadas titulaciones universitarias; el tremendo esfuerzo no solo económico, también humano, que suponía para las familias enviar a sus hijos “a estudiar fuera”, expresado en lenguaje coloquial. A partir de aquellos estudios universitarios en Canarias, que en principio disponían de una sola universidad, la de La Laguna, con apenas dos Facultades, Química y Derecho, se avanzó históricamente hasta la situación actual, basada en dos universidades dotadas con un adecuado número de titulaciones, que constituyen un bien económico de futuro y un valor incalculable para las Islas”.

 

En Sí se puede opinan que en este contexto se produce el “hachazo” del Gobierno Central, con el paquete de medidas que supone el citado Real Decreto. Este hachazo se disfraza del inexcusable objetivo de “estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea”; o, esgrimiendo de forma cicatera (volvemos a citar el Real Decreto), “medidas que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable”. Es decir, los proponentes de los recortes se autoerigen en salvadores de la excelencia y calidad de la enseñanza pública universitaria.

 

Los ecosocialistas creen que los efectos de este Real Decreto afectarán duramente a los estudiantes, al personal administrativo y al profesorado. Al alumnado, sometiéndolo a una subida de tasas, destinada en realidad a terminar sufragando los costes reales de la prestación del servicio (concretamente con la normativa de las tasas sobre las enseñanzas de Grado ya se puede conseguir este objetivo a partir de la tercera matrícula; y en las de Máster, incluso desde la primera). A esta subida hay que añadirle la implementación de las nuevas normas, tanto el recrudecimiento de las normas de acceso, como de la financiación, de las becas y ayudas al estudio, que se traducirá en un previsible y alarmante descenso de las mismas.

 

Si sumamos estas dos medidas, subida de tasas y disminución de becas y ayudas al estudio, más el contexto económico actual de Canarias, con datos tan dramáticos como un 32 por ciento de desempleo, 95 mil familias con todos sus miembros en paro o en trabajos muy precarios, y más de 700 mil personas bajo el umbral de la pobreza, los resultados a corto plazo serán evidentes: la disminución del alumnado y un retroceso a un modelo mucho más elitista y restringido que el que rige actualmente en las Universidades Canarias, conquista democrática que tanto costó alcanzar.

 

El personal administrativo y de servicios también estará inmerso en este modelo involutivo, con la aplicación del artículo 6.3, del Real Decreto: “los costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa básica sobre la Oferta de Empleo Público”. Vinculando este hecho a los recortes presupuestarios en curso, el P.A.S. también se verá seriamente afectado tanto en número como en su retribución.

 

Por último, al profesorado. Primero, estableciendo una extraña mezcla de valoración de los méritos investigadores (se estipulan los “sexenios”, que hasta ahora constituían una opción voluntaria de evaluación del nivel investigador) con la carga docente. Sobre esta carga se contemplan desde 24 créditos ECTS: “con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las universidades en régimen de dedicación a tiempo completo”; subiéndolo a 32 créditos ECTS para el profesorado funcionario sin “sexenios vivos”, es decir, aquel que por varios motivos no ha sometido a evaluación su actividad investigadora en los últimos seis años; y bajándolo a 16 créditos ECTS para el profesorado funcionario con tres o más sexenios vivos. Además de la creación de nuevas “castas” dentro del profesorado, lo anterior viene a suponer un aumento importante en la carga docente de buena parte del profesorado (la media estipulada hasta ahora es la de 24 créditos ECTS), pues la superación de tres o más “sexenios” supone, además de un mínimo de más de 18 años de servicios en la Universidad, haber logrado superar positivamente tres o más evaluaciones investigadoras. Según tales criterios, que implican una elevación sustancial de la carga docente media del profesorado, “sobraría” personal en las Universidades españolas, contándose entre ellas las canarias: se abre por tanto otra puerta al despido o no renovación de contrato entre el profesorado universitario y, por tanto, a la disminución del mismo.

María Jesús Hernández García cree que la racionalización del gasto público es importante, pero se pregunta si las disposiciones de carácter urgente del Real Decreto-ley 14/2012, aparte de contribuir a los 10.000 millones más de recortes suplementarios a los ya presentado en los Presupuestos Generales del Estado, son consecuentes con los objetivos de calidad de las enseñanzas públicas. Señala que la aplicación de tales criterios: menos alumnado, menos personal administrativo, menos profesorado, “conducirá hacia un evidente desmantelamiento de las universidades públicas”. Las demás consecuencias derivadas: menos titulaciones, menor calidad de la enseñanza y la investigación, menos posibilidades de promoción, nos llevan a manifestar nuestro contundente rechazo a las medidas de este Real Decreto y nuestro apoyo y defensa de los derechos académicos, laborales y profesionales del alumnado, personal administrativo y profesorado de la Universidad Pública.