Los empleados públicos de Canarias queremos denunciar el supuesto proceso de consolidación que afecta a más de 4.000 trabajadores a los que el Gobierno de Ángel Víctor Torres va a obligar a presentarse a una Oferta de Empleo Público para legalizar una situación de temporalidad que la administración autonómica mantiene en fraude de Ley desde hace más de 20 años.

Para ello, hemos constituido la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias Pefralca con el objetivo de que los canarios y canarias conozcan que los trabajadores afectados son los que les están tramitando los subsidios sociales, los Ertes, los que les atienden en urgencias, los que apagan los incendios o dan de comer a sus hijos en los comedores escolares.

Los afectados somos trabajadores que, en muchos casos, llevamos hasta 20 años prestando servicios en el Gobierno de Canarias, tenemos una media de 50 años y nuestros despidos podrían alcanzar hasta 50 millones de euros en indemnizaciones en un momento, en el que el dinero público debe estar dirigido a los efectos de la pandemia, y no a mermar los ya escasos recursos de la administración.

El proceso afecta a empleados públicos que el Gobierno de Canarias ha mantenido como temporales o interinos durante más de 20 años. Ha sido el propio Gobierno de Canarias quien ha creado el problema de la temporalidad y ahora pretende resolverlo metiendo la tijera bajo una supuesta Oferta de Empleo Público.

¿No tiene el Gobierno mejor destino para el dinero público en las circunstancias tan duras que estamos viviendo? ¿No hay mejor momento para iniciar un proceso que va a desestabilizar a miles de empleados públicos y a sus familias y, como consecuencia, va a afectar al servicio que se le está dando al ciudadano?

¿De dónde va a sacar el Gobierno el dinero para las miles de demandas que se le avecinan?

Los trabajadores públicos sabemos que hay muchas fórmulas que no pasan por una oferta de empleo público para consolidar a los empleados que llevan más de 20 años de media en el puesto, y ya no pueden ser considerados como temporales sino fijos, con todos los derechos como demuestra la reciente sentencia del Juzgado número 4 de Alicante del 8 de junio de 2020 n.º 252/2020 donde se reconoce el derecho de los temporales a ser empleados públicos fijos y, a permanecer en sus puestos de trabajo, sin adquirir la condición de funcionario de carrera y sin coste para las administraciones públicas.

La Ope también es contraria a la sentencia del Tribunal Europea del 19 de marzo de 2020 que es clara: si hay un fraude en la contratación y ésta se extiende en el tiempo de manera ilegal, la forma de atajarlo no es penalizar a los trabajadores sino más bien sancionar a la administración que lo ha causado.

Pefralca quiere manifestar que va a haber movilizaciones continuas del personal, demandas judiciales y una respuesta contundente a este ERE encubierto que va a suponer una merma en la atención al ciudadano y sobre todo un despilfarro de dinero público en la peor crisis que ha vivido Canarias en los últimos 50 años.

Dejar sin empleo a personas que llevan mas de 20 años sirviendo al ciudadano en la Administración no solo es injusto, porque supone un atropello a sus derechos, sino que supone un drama social, llevando a la exclusión social a mas familias Canarias, destacó.

Además, el efecto llamada de una oposición de empleo público podría suponer que cientos de trabajadores de otras comunidades autónomas desplacen a los trabajadores canarios, cuando esta comunidad autónoma es la que más está sufriendo económicamente los efectos del a pandemia por depender directa o indirectamente en un 80 por ciento del turismo.

Los empleados públicos de Canarias piden a Angel Víctor Torres que intervenga de inmediato y cese a la directora de Función Pública del Gobierno de Canarias, y solicitan a sus socios en el Gobierno como Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Podemos que no permitan esta injusticia masiva de despidos encubiertos.