El empresario tinerfeño José Ana Labajos, denuncia la actuación de María Farnés Martínez, fiscal Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife
El promotor se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado ante las presuntas irregularidades cometidas por la Acusación Pública en las Diligencias derivadas a Tenerife del ‘caso Fórum’.
El empresario tinerfeño, José Ana Labajos ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la actuación de María Farnés Martínez, fiscal Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, por considerar que ha ejercido presuntos delitos contra la Administración Pública relacionados con su persona.
La ramificación en la Isla del conocido como caso Fórum salió a la luz a finales de 2006 pero transcurridos casi once años, el empresario se lamenta de que ni siquiera se le conteste a las pruebas documentales, contrarias a los indicios delictivos planteados por la Fiscalía, mediante tipificaciones generales, sin concretar los presuntos hechos delictivos.
Consultado el promotor, manifestó que no ha tenido otra opción que presentar esta denuncia después del tiempo transcurrido en el que ha permanecido como investigado, sometido a una violencia jurídica de origen político. En la denuncia presentada a la Fiscalía General del Estado, pone en su conocimiento lo que califica de “irregularidades” presuntamente cometidas por la fiscal. Su intención no es otra que estos hechos sean conocidos por el Ministerio Público, en base a los artículos 1, 5, 60 y 61 y la legislación que regula a este organismo, así como la posible vulneración de la misma.
Labajos, considera que este caso se ha convertido en una causa general, fenómeno que al no estar tipificado, solamente se puede definir mediante la existencia de factores de riesgo que en las presentes Diligencias sin duda existen: falta de notitia criminis, filtraciones intencionadas o confidentes anónimos, aunque no para la policía.
Igualmente, cree que se han producido diligencias indeterminadas, ampliación injustificada por blanqueo de capitales, escuchas policiales y registros domiciliarios injustificados realizados durante el secreto de las actuaciones (cinco años), imputaciones tardías, dilaciones indebidas, y falta de imparcialidad de la Instrucción con claros hechos específicos. Un cúmulo de índices que detectan, bajo su punto de vista una instrucción caracterizada por “arbitrariedad y desviación”. Y todo ello hasta el punto de solicitar a la Fiscalía General, la apertura de la investigación correspondiente.