El Partido Popular en Puerto del Rosario denuncia que las oposiciones a auxiliar administrativo han sido recurridas y llevadas a los Tribunales debido a las irregularidades en el procedimiento de elaboración y puntuación de los ejercicios planteados en el examen a los opositores.
 
Así, los denunciantes alegan en un escrito presentado en el Ayuntamiento que "el supuesto práctico no se ajusta ni al temario específico ni a las funciones propias de la plaza, excediendo y exigiendo el Tribunal conocimientos jurídicos".
 
Además, los opositores cuestionan la valoración efectuada por el Tribunal que exigían que se citaran "preceptos legales para alcanzar la máxima puntuación".
 
Cabe recordar que los que se han quedado sin plaza son empleados del cuadro laboral de este ayuntamiento que superan los 10 y 15 años de experiencia.
 
"Sorprende que la buena suerte siempre esté del lado de dirigentes de CC y de sus familiares o de, en este caso, asesora de la Alcaldesa de La Oliva mientras que los trabajadores sin afiliación política se quedan sin plaza y en la calle", asegura el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Carlos Figueroa.
 
Los recurrentes de este proceso, en la demanda presentada ante el TSJC, solicitan como medida cautelar "la suspensión del acto administrativo de toma de posesión de los opositores hasta que la justicia no resuelva".
 
"El Alcalde arriesga a la corporación municipal una vez más a hacer frente a indemnizaciones millonarias como ocurrió recientemente con una trabajadora social a la que ha tenido que indemnizar con 100.000 euros de todos los vecinos".
 
En el escrito presentado por los recurrentes advierten al Alcalde y a la concejala de personal que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación penado por el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".
 
Los majoreros tienen la sensación de que es inútil presentarse a unas oposiciones en Fuerteventura porque "todo está dado siempre a los mismos. Esto es triste y vergonzoso para todas aquellas personas que de verdad estudian, que pagan sus tasas y que se presentan en inferioridad de condiciones frente a aquellos que manifiestan militancia y experiencia política. Es una vergüenza".