El Gobierno de Canarias desarrolla una hoja de ruta para la legalización de explotaciones ganaderas en el marco de la futura Ley del Suelo
Quintero señaló en el Parlamento que, junto a Política Territorial, se ha venido trabajando en la adecuación de los informes de impacto ambiental para facilitar la legalización de las instalaciones
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, anunció hoy en el Parlamento que el Ejecutivo canario ha desarrollado una hoja de ruta para la legalización de explotaciones ganaderas del Archipiélago, de forma que se pueda dinamizar la aplicación de esta nueva norma.
Según explicó Quintero, la idea es unificar de forma definitiva las líneas de interpretación de la ley en los aspectos funcionales, ambientales, estéticos, sanitarios y de bienestar animal en relación a la tipificación del suelo y del medio ambiente. “De esta forma, podremos aplicar con mayor eficacia y efectividad la tramitación”, indicó.
En la sesión, el consejero aclaró que las instalaciones de ganado pendientes de legalizar no tendrán que iniciar el procedimiento con la entrada en vigor de la nueva norma, sino que este continuará.
Durante su intervención, el titular del Departamento autonómico comentó que la Consejería y, en concreto, la Dirección General de Ganadería, ha sido consciente siempre de las dificultades existentes en estos últimos años a la hora de legalizar explotaciones ganaderas, de ahí que se haya trabajado en la mejora de la redacción de las leyes que afectan a este procedimiento en los sucesivos textos en materia de ordenación territorial que ha aprobado el Gobierno de Canarias.
Así, en lo que se refiere a las medidas adoptadas para paliar las dificultades que entraña la normativa actual, se ha trabajado en varias cuestiones. Desde 2009, fecha en la que entró en vigor la ley de Medidas Urgentes, ha habido una evolución en la norma encaminada a favorecer la legalización de las explotaciones ganaderas, es decir, a solventar los obstáculos que se iban encontrando. De ahí que, por ejemplo, en 2014, la Ley de Armonización modificara los niveles de impacto ambiental en relación con la magnitud censal de las explotaciones, lo que permitió desatascar un número considerable de expedientes.