Iniciativa Popular Canaria dice que Canarias permanece inerme ante la Covid-19 con más de un millón de entradas sin pruebas desde julio
Según ha publicado PROMOTUR Turismo de Canarias S.A., adscrita a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, las llegadas de pasajeros a todos los aeropuertos canarios, excepto La Gomera y El Hierro, en vuelo directo desde el resto del Estado y el Extranjero, alcanzaron en los meses de julio y agosto la cifra de 961.131 personas, 428.717 en julio y 532.414 en agosto (103.697 más, en pleno rebrote de la pandemia), repartiéndose ambas procedencias casi al 50%; lo que implica una media de 16.000 personas diarias entrando en Canarias desde julio, sin pruebas diagnósticas de la Covid-19. Durante el mes de septiembre, se habrán sobrepasado ya 1.300.000 llegadas a lo largo del verano, equivalentes a un 60% del total de residentes en las Islas.
Una vez levantado el Estado de Alarma, el 21.06, según el Servicio Canario de Salud (SCS), durante la última semana de junio se confirmaron 9 casos y otros 21 en la primera semana de julio, que permiten afirmar que Canarias estaba prácticamente libre de la Covid-19 al inicio de la llamada Nueva Normalidad. Sin embargo, al comenzar la cuarta semana de septiembre se contabilizan 6.757 casos activos, acumulándose solo en las 7 semanas anteriores, el 63% del total de casos existentes desde el inicio de la pandemia. Evidentemente, un rebrote con crecimiento tan exponencial no puede producirse sólo con la transmisión autóctona comunitaria de los pocos casos activos a primeros de julio.
CAUSAS DE LA SEGUNDA OLA.
Recordemos que la irrupción de la pandemia en el Estado a partir de la segunda semana de marzo se produce al manifestarse los síntomas de la enfermedad en miles de personas asintomáticas, decretándose el Estado de Alarma el 14 de marzo, con las graves consecuencias conocidas. Sin embargo, la incidencia de la Covid-19 en Canarias fue bastante menor epidemiológicamente, aunque con peores consecuencias económicas al producirse el Cero Turístico por la paralización del transporte aéreo y marítimo. La enseñanza aportada fue contundente. En sistemas geográficamente aislados, el cierre de fronteras a tiempo impide la entrada del virus, cuya transmisión queda reducida al nivel comunitario que, partiendo de un bajo número de contagios, pudo mantenerse en niveles asumibles para el sistema sanitario y asistencial, aún lamentando los muchos decesos producidos.
Por el contrario, el fuerte rebrote de julio y, sobre todo, agosto y septiembre, en las Islas, vino precedido, como dijimos, de un casi Cero Epidémico en las primeras semanas posteriores al fin de la Alarma cuando, paralelamente, comienza a entrar un flujo importante de miles de personas diarias desde fuera de Canarias por los aeropuertos, sin tests diagnósticos, muchas de ellas desde de zonas en pleno rebrote pandémico. Ello constituyó, indefectiblemente, la fuente originaria de la llamada Segunda Ola, al poner en circulación centenares de cadenas de transmisión iniciadas por casos importados que, a su vez, generaron la inevitable transmisión autóctona comunitaria en las Islas. Sirva sólo como orientación, que los casos positivos acumulados hasta ahora en Canarias representan el 6 por mil de la población. Atribuyendo hipotéticamente a 1.3 millones de personas llegadas desde julio una contagiosidad del 1 por mil, estaríamos hablando de 1.300 casos importados. Teniendo en cuenta que cada caso puede infectar entre 1.5 y 3 personas, la hipótesis más conservadora daría un segundo eslabón de la cadena de 1.950 casos y de 2.925 el tercero, para un total de 6.175 casos. “Casualmente” una cifra muy cercana al total de casos activos detectados a finales de septiembre.
TRIÁNGULO DE OMERTÁ SOBRE LOS CASOS IMPORTADOS.
Las claves del desastre creado por la Segunda Ola de la Covid-19 en Canarias se encuentran en la gran conspiración suicida, torpemente urdida por el Triángulo de Omertá formado por el Gobierno autónomo (Gobcan), el lobby dirigente hotelero turístico (ASHOTEL y FEHT) y los principales medios de comunicación editados en Canarias (dependientes de las subvenciones e inversiones en publicidad de los otros dos vértices del triángulo).
Tal conspiración consistió en ocultar, de forma deliberada, la influencia de los casos importados en el aumento del número de infectados que aparece con fuerza en julio y se dispara exponencialmente en agosto y septiembre. De forma repentina, desde finales de julio, el SCS deja de publicar las cifras de contagiados procedentes del exterior, pretendiendo circunscribir el origen de los casos confirmados a la transmisión local comunitaria. Se trataba de evitar una demanda social por un cordón sanitario seguro en nuestros puertos y aeropuertos, con exigencia de pruebas a los viajeros procedentes del Estado y el Extranjero y cuarentenas para los casos positivos, lo que seguramente retraería la llegada de turistas.
Pero la virulencia del rebrote, vino a evidenciar que la conspiración del citado Triángulo de Omertá se basaba en un cálculo erróneo, totalmente contraproducente, como la actitud atribuida al avestruz, consistente en creer que, ignorando la causa principal del problema, este no iba a producirse. Al obviar la necesidad del cordón sanitario exterior, inundaron las Islas de coronavirus importados, comprometiendo así, temerariamente, la salud de la población canaria y terminando por arruinar la temporada de verano (probablemente, también la de invierno). Cerraron así el círculo vicioso de la conspiración del citado Triángulo de Omertá, que vino a confirmarse con la recomendación de los gobiernos de muchos países europeos para no viajar a Canarias.
ELUDIR RESPONSABILIDADES, CULPABILIZANDO A LAS VÍCTIMAS.
A fuerza de considerar la Covid-19 como una guerra y no como un desastre natural agravado por las políticas sanitarias neoliberales, la política informativa del Gobierno de Canarias y sus medios afectos adoptó los perfiles del periodismo bélico, sacrificando la transparencia informativa a manos de una censura y opacidad tan inconfesables como implacables: convertir en tabú los casos importados y atribuir la única causa de la Segunda Ola a una supuesta indisciplina social y, sobre todo, al socorrido mito de la “juventud irresponsable”.
Una matriz informativa oficialista, cínica y cruel, basada en la criminalización de la víctimas de los contagios importados, convirtiéndolas en únicas culpables de la cuarentenas domiciliarias, hospitalizaciones, contagios del personal sanitario y hasta de los decesos producidos, sin olvidar la especial incidencia sobre los grupos sociales mas vunerables como adultos mayores y personas dependientes, internadas en centros especiales y abandonadas a su suerte. Este ensañamiento con la ciudadanía se acompañó con amenazas como: “Vamos a ser duros con quienes ponen en peligro la salud y la vida”, proferidas cínicamente por el Presidente, Ángel Víctor Torres, en plena escalada de contagios a mediados de agosto, cuando su incompetencia y la de su Gobierno fue lo que realmente puso en peligro nuestra salud y nuestra vida. En tal sentido, desde Iniciativa Popular Canaria solicitamos la creación de una comisión científica de investigación independiente, que delimite las responsabilidades en la generación y gestión de esta Segunda Ola de la Covid-19 en Canarias.
LAS GRIETAS DEL BUNKER CONTRA INFORMATIVO.
Pero mantener engañada a toda la gente, todo el tiempo, no es posible antes de que comiencen a aparecer grietas en la disciplina de los sectores implicados en la Omertá. Tres ejemplos de ello se citan a continuación, surgidos desde el Gobierno de Canarias y la patronal turística que, como era previsible, no se publicaron en los principales medios editados en las Islas:
El periódico EL PAIS publicaba el 28 de agosto que el Catedrático de la Universidad de LPGC, Luís Serra, portavoz del Comité Científico Asesor del Gobierno de Canarias, había informado que varios “supercontagiadores” procedentes del resto del Estado contagiaron a 140 jóvenes en la zona nocturna de Las Palmas de GC, que luego infectaron a sus familiares. Mientras la noticia oficial se refería a la irresponsabilidad de jóvenes canarios discotequeros que no respetan ni a sus familias... Curiosamente, también EL PAÍS publicó, el 20 de septiembre, las declaraciones de Francisco López, uno de los dos principales accionistas del mayor grupo hotelero de capital canario, LOPESAN, referidas a la aceptación por el Gobierno español de la realización de pruebas a los turistas: “Es una medida que propusimos, por la que luchamos, y en la que insistimos hace tres meses, cuando Canarias era una zona segura y el peligro era infectarnos nosotros de los turistas”. Tal como finalmente ocurrió...
Pero poco vale decir que se solicitó al Gobierno central, competente en puertos y aeropuertos, si no se hizo con la necesaria presión, contundente e innegociable. De hecho, según declaró ante el Parlamento, el 23 de septiembre, el tercer Consejero de Sanidad en menos de un año: “El Gobierno autónomo, en ningún momento había solicitado formalmente a las autoridades españolas o comunitarias tests para el coronavirus en origen o en destino”... (Filtrado sólo entre líneas por algún articulista).
SIN CORDÓN SANITARIO EXTERIOR, IMPOSIBLE PARAR EL VIRUS Y CREAR UN DESTINO SEGURO.
Después de propiciar este desastre sanitario y económico, Gobierno de Canarias y lobby hotelero han entrado en pánico, con muchas prisas e histerismo por crear -ahora sí- el Destino Seguro, no porque de repente empiecen a preocuparse por la ciudadanía, sino por el inminente comienzo de la Temporada Alta Turística, cuestión ésta que reconocen públicamente sin el menor rubor.
Cabe preguntarse entonces, por qué no se preocuparon con igual ahínco ante la temporada de verano. Su reconocimiento de la necesidad ineludible de realizar tests, en origen y destino, para la Temporada Alta, es la prueba palmaria de que conocían perfectamente el riesgo que representaba para la salud de la población permitir la entrada masiva de foráneos, sin pruebas, a partir de julio. Pero sólo se adoptaron medidas de control sobre la transmisión comunitaria, dejándonos inermes ante la entrada del virus.
Si es en los momentos difíciles cuando se mide la talla de los gobernantes, la respuesta del Gobierno de Canarias, al servicio de intereses económicos egoístas y miopes, fue sumarse a las teorías más retrógradas a nivel mundial, encarnadas por Trump o Bolsonaro: “Canarias tendrá que acostumbrarse a convivir con el virus, debido a su fuerte dependencia del exterior”, proclamaban a coro. Mientras cualificados portavoces de la comunidad científica, defensores de una sanidad pública universal, insistían en que la prioridad económica es parar el virus y no abrir, sin controles sanitarios, la actividad turística, ya que sólo en un destino sano y seguro puede desarrollarse un turismo sostenible. Ante el falso dilema, impuesto por las clases dominantes, de obligarnos a elegir entre economía o salud, tanto la OMS como la ONU han insistido en que no existe tal debate: “Primero es la salud”.
Y es que la más nefasta consecuencia de la mediocridad del Gobierno de Canarias fue arruinar la potencialidad que nos proporciona la ventaja comparativa natural de nuestra condición archipelágica. Una visión progresista, inteligente y rigurosa hubiera aconsejado aprovechar el casi Cero Epidemiológico de inicios del verano, para imponer el citado cordón sanitario exterior con pruebas diagnósticas eficaces, propiciando así la creación de un verdadero Destino Seguro, libre de Covid-19. Primero para proteger a nuestra población, pero también como nuestra mayor fortaleza de cara al turismo de invierno, convirtiéndonos en un destino imbatible de media distancia, que si ya lo éramos climáticamente, lo sería más como refugio sanitariamente seguro. No es difícil prever la gran demanda mundial ante una oferta vacacional de tales características, sin embargo, frustraron la extraordinaria posibilidad de optimizar las políticas de selectividad turística.
¿GRUPO CANARIO PLAÑIDERA EN MADRID O BILATERALIDAD REAL?
La demanda de medidas de garantía para crear corredores sanitarios seguros, con tests en origen y destino para los turistas, se ha terminado sumando a la exigencia de otros corredores, en este caso, para trasladar al resto del Estado a los refugiados africanos llegados en los últimos meses, ya que la Unión Europea no acepta recibirlos. El problema surge cuando, por una parte, el Gobierno español no acepta los tests para los viajeros procedentes del resto del Estado y, por otra, tampoco acepta trasladar a los refugiados, argumentando el peligro de un supuesto efecto llamada, convirtiéndonos, de facto, en una macro cárcel donde encerrarlos hasta su regularización o deportación.
Los tests sólo para turistas extranjeros son incoherentes con la creación de un cordón sanitario seguro, tal como ha denunciado la propia Consejera de Turismo, pero desde Madrid lo justifican diciendo que no se puede limitar la libre circulación de españoles; con lo que ya no es únicamente la economía la que conspira contra nuestra salud, sino también la política centralista. En conclusíón, el apartheid turístico estaría servido, ya que en las zonas turísticas sólo se admitirían extranjeros, vetándolas a la población local y estatal. Lo que sería no ya inconstitucional, sino de pura ciencia ficción.
Ante esta grave doble colisión de intereses con el Gobierno central, han surgido desde la clase política autonómica y dirigentes empresariales, llamamientos a la formación de un “Grupo Canario” en Madrid. Un amago de órdago de bilateralidad condenado al fracaso, ante la previsible falta de implicación efectiva de los cónsules del PSOE y Unidas Podemos en las Islas, que nunca iban a enfrentarse a sus mentores en Madrid; ni cabe esperar del falso nacionalismo otro papel que el de plañideras, jugado históricamente, a cambio de algunas migajas sobrantes del festín de la extracción de rentas coloniales a las que está sometida la Nación Canaria.
Si de verdad hay interés en establecer una bilateralidad real y efectiva entre Canarias y el Estado, hay que cambiar las reglas de juego, empezando por dotarnos de una Plena Autonomía Interna (PAI) en régimen de Asociación con la UE, como Territorio de Ultramar (PTU), tal como venimos proponiendo desde la Iniciativa Popular Canaria (IPC), en línea con la Moción en favor de la PAI aprobada por el Cabildo de La Gomera el 04.05.2012. Lo demás es perder el tiempo mareando la pardela, mientras nuestra ruina social y económica sigue avanzando inexorablemente...
En el Archipiélago de Canarias, a 28 de sept. de 2020
Comisión Promotora de la Iniciativa Popular Canaria