Si el Estado procede a la privatización de AENA, Canarias asumirá el control de los aeropuertos canarios, tal como prevé el Estatuto de Autonomía en el caso de que Madrid abandone la gestión directa de estos.

Así se ha vuelto a pronunciar hoy el portavoz socialista de Transportes en la Cámara regional, Julio Cruz, al conocer que el Ministerio de Fomento ya ha sacado a licitación el servicio de asesoramiento financiero en el proceso de privatización del ente aeroportuario, expediente que se tramitará mediante procedimiento negociado y por un importe máximo de 600.000 euros.

A juicio del diputado, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esta convocatoria demuestra que “el Gobierno español sigue adelante con sus planes de venta”. “Sin embargo, el Ejecutivo autonómico tiene el apoyo del Parlamento regional y quiere iniciar los trámites para recibir las competencias de ejecución y para aplicar un modelo de cogestión como el que tenemos en los puertos”, explica.

La resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, publicada en el BOE del 12 de abril, contempla un importe máximo a pagar por Fomento de 600.000 euros, con un plazo de ejecución de 18 meses desde el 1 de mayo de 2013. “De esto se deduce que el Ministerio que dirige Ana Pastor tiene previsto tener cerrada la privatización, como mucho, el 1 de noviembre de 2014”, aclara Cruz.

Asimismo, según el portavoz, el Gobierno del Estado “ha decidido que la contratación no se lleve a cabo mediante concurso público, sino a través de un proceso negociado”, si bien lo que más inquieta al diputado socialista es la introducción de una cláusula administrativa en la que se especifica que “el porcentaje de AENA que acabará en manos privadas está por definir”. “Esto solo aumenta la incertidumbre sobre el destino final que tendrán nuestros aeropuertos, por lo que urgimos a Madrid a hacer ya el traspaso o dar luz verde a la cogestión”, sentencia.

En el último pleno del Parlamento de Canarias, la Cámara aprobó una iniciativa de los grupos Socialista y Nacionalista para reclamar al Gobierno de España que acelere el traspaso a Canarias de las competencias de ejecución sobre los aeropuertos de interés general del Archipiélago cuando no se reserve la gestión directa, situación que se daría en el caso de que tuviera lugar una privatización de AENA. La proposición no de ley insta a Madrid a convocar una reunión de la Comisión de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias para poner en marcha este proceso, contemplado en el Estatuto de Autonomía.

En virtud de esta iniciativa, el Gobierno regional pedirá al Ejecutivo central que introduzca “las modificaciones normativas precisas” que permitan implantar, de manera transitoria y hasta que se haga efectiva la transferencia competencial, un modelo de cogestión de los aeropuertos que implique a las administraciones regionales y locales. “El sistema aeroportuario canario es esencial para la cohesión territorial, social y económica de esta comunidad autónoma”, asegura Julio Cruiz.

Para él, es “imprescindible” la participación de las distintas administraciones canarias en la toma de decisiones sobre su gestión. “Solo nosotros podemos garantizar que los aeropuertos sirven adecuadamente a los intereses generales y contribuyen al desarrollo de Canarias”, concluye.