Blanca SALAZAR/España.-El auto que pone fin a la investigación judicial Operación Edén, también conocida como Caso Arona, concluye que deben ir a jucio 30 personas, la mayoría cargos y fucionarios públicos del Ayuntamiento aronero: el alcalde, José Alberto González Reverón (CC), tres gobernantes más, siete ex-gobernantes (todos ex-compañeros de gobierno del alcalde), seis técnicos y trabajadores del consistorio, un consejero del Cabildo tinerfeño, dos jefes policiales (Guardia Civil y Policía Local), el ex-director y un técnico de la Cámara de Comercio provincial, tres arquitectos empresariales, y tres vecinos.

El juez instructor les atribuye 47 delitos: tráfico de influencias, prevaricación urbanística, prevaricación ordinaria, cohecho, malversación de caudales públicos, extorsión, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios, y falsedad documental.

Cuatro años de investigación

La causa arrancó a principios de 2007. El portavoz de la oposición socialista denunció ante el Ministerio Fiscal al alcalde y al entonces concejal de Urbanismo por la continua adopción de acuerdos presuntamente ilegales. La Fiscalía de Medio Ambiente consideró que, efectivamente, había indicios delictivos. Y denunció a toda la Junta Local de Gobierno (CC, CAN y PP) de 2003-2007.

Los tribunales admitieron a trámite la querella fiscal e imputaron a ocho políticos por presuntos delitos continuados de prevaricación ordinaria y contra la ordenación del territorio.

Impulso electoral de imputados

El alcalde tenía entonces siete concejales y gobernaba en pacto con otras dos formaciones. Aseguró que era inocente, que en ese Ayuntamiento era costumbre ignorar los informes jurídicos desfavorables, que esos presuntos delitos se cometen en todas las administraciones de España y que él y sus compañeros eran víctimas de las ansias de poder de su denunciante.

Una semana después de prestar declaración como imputado, logró mayoría absoluta (13 ediles).

Extorsiones e impuestos revolucionarios

A finales de ese año 2007, el caso se complicó: un empresario declaró que le habían extorsionado al condicionarle la licencia que había pedido al pago de un impuesto revolucionario de 45 millones de las antiguas pesetas dirigido a técnicos y a un ex-edil de Urbanismo del PP imputado en este caso.

El juez ordenó el secreto de sumario, que fueran intervenidos numerosos teléfonos y el ingreso en prisión durante varios meses de dos técnicos municipales (el entonces arquitecto jefe de Urbanismo y un aparejador), así como del presunto intermediario en la extorsión.

De esas escuchas y de la investigación paralela, como trascendió al levantarse parte del secreto de esas diligencias judiciales (en 2009), salieron diversas tramas delictivas bien definidas en ese Ayuntamiento:

Los tribunales han 'pillado' al alcalde en delitos penados con inhabilitación y cárcel.

-Una trama de extorsión y cobro de comisiones en el área de Urbanismo.

-Que sus gobernantes solían conceder licencias urbanísticas ilegales a sabiendas de que incurrían en posibles responsabilidades penales.

- Una red de tráfico de influencias articulada por el alcalde a través de una especie de Ayuntamiento ‘en negro’ para la gestión de favores en beneficio personal (como habitaciones en hoteles de lujo para sus encuentros amorosos), y electoral (usando los recursos públicos para cosechar votos y para favorecer a sus votantes fieles).

- Y que los gobernantes fraccionaban el importe de proyectos para poder adjudicar las obras públicas a dedo y casi siempre a las mismas empresas.

- Además, trascendieron oscuros tejemanejes en la tramitación del PGO del municipio, en la gestión de las concesiones de servicios públicos y, entre otros escándalos, operaciones ‘secretas’ articuladas por los gobernantes para intentar desacreditar y perjudicar judicialmente a sus ‘enemigos’ políticos.

Muy a su pesar, la mayoría de las pruebas reunidas contra ell@s son inequívocas: están narradas con sus propias voces a través de sus teléfonos móviles cuando los tenían pinchados.

La corrupción se hace fuerte

Frente a ese varapalo, los gobernantes imputados iniciaron una campaña intensiva de publicidad (pagada principalmente con dinero público) para silenciar en los medios de información esos escándalos, gestionaron despidos de periodistas críticos e iniciaron campañas de descrédito contra los que lograron mantener el puesto, contra sus denunciantes y alcaldes del PSOE, y hasta contra el juez instructor.

En las elecciones de mayo de 2011, el regidor municipal y su partido (CC) revalidaron su mayoría absoluta. Aunque con la mayor tasa de abstención electoral de España: casi el 52% de los votantes no acudieron a las urnas. Apenas 8.000 votos bastaron para que un municipio de unos 80.000 habitantes siguiera gobernado por un equipo imputado de múltiples delitos de corrupción.

Estallan los truenos judiciales

A finales de julio, apenas dos meses después de esas elecciones, los tribunales han abierto la caja de pandora en Arona al acreditar numerosas pruebas de culpabilidad contra los 30 imputados que deben ir a juicio como acusados si el Ministerio Fiscal así lo estima.

Los políticos han recurrido el auto ante la Audiencia pidiendo el archivo del caso, fundamentalmente, porque el magistrado instructor es “convecino” suyo, porque no está claro por qué le tocó a él dirigir ese caso y porque estiman que erró al tramitar la causa por vía penal en vez de por vía administrativa. Su abogada aclara que no recusó al juez al principio por despiste.

El alegato tiene pocas posibilidades de ser estimado: la legislación española no recoge ninguna incompatibilidad judicial por razón de vecindad.

El municipio está sumido en el caos: Cargos públicos a punto de sentarse en el banquillo acusados de delitos que entrañan penas de inhabilitación y cárcel; el planeamiento urbanístico que han elaborado esos sospechosos de corrupción, a punto de entrar en vigor; el consistorio, al borde de la quiebra, tiene que pagar indemnizaciones millonarias por acuerdos políticos ilegales y la defensa de sus gobernantes y ex-gobernantes imputados… Todo ello en un pueblo donde la crisis del ladrillo ha hecho estragos y se estima que el 30% de la población está en paro. Y en un contexto autonómico y nacional protagonizado por las elecciones generales de noviembre y por el daño que este caso de corrupción puede hacer a Coalición Canaria, al presidente de Canarias, y al PSOE, incluso, a nivel estatal.

Se baraja que los tribunales inhabiliten cautelarmente a los cargos públicos a punto de ser procesados. Por si eso no ocurre y tampoco dimitieran al confirmarse su procesamiento, grupos de la oposición están gestando una moción de censura.

Esos truenos de la caja de Pandora estallarán a partir de septiembre. Y en breve está prevista otra bomba similar: el cierre de la investigación del Caso Arona II, que afecta a los gobernantes de CC a punto de ser procesados y a varios más.