Los diputados de Nueva Canarias en (NC) el Parlamento han denunciado que las condiciones exigidas por el Gobierno canario a los inmigrantes irregulares para acceder a la sanidad son obstáculos insuperables. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, aseguró que la tarjeta sanitaria canaria para los sin papeles les deja sin el servicio de farmacia ambulatoria.
El Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario (PSC) rectificó, a través de una orden de mediados del pasado mes de diciembre, el decreto del Gobierno estatal de abril de 2012 que excluía a los inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria completa. Con esta decisión, el gabinete presidido por Paulino Rivero daba marcha atrás en su planteamiento inicial de cumplir la ley estatal.

Román Rodríguez criticó que el Gobierno canario reaccionara más tarde que otras comunidades.

En Euskadi, tal y como refirió, se extendió un título habilitante con el que se reconocía el derecho a recibir los servicios sanitarios, avalado por el Tribunal Constitucional. En Andalucía, añadió, se mantiene el protocolo de actuación previo a la entrada en vigor del decreto del Ejecutivo del PP.
Rodríguez reprochó a la responsable canaria en la materia, Brígida Mendoza, por defender la necesidad de recuperar la universalidad de la sanidad para sacar después una orden para que los inmigrantes sin papeles accedan a la tarjeta sanitaria, cuyos requisitos son “imposibles de cumplir”.

Según datos ofrecidos por la propia consejería de Sanidad, en Canarias hay unos 52.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria. La mencionada orden les exige estar empadronados en un ayuntamiento con una antigüedad, igual o mayor, a un año y presentar un certificado, en el que se reconozca que, en su país de origen carecen, de recursos económicos.

Además deben aportar una copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio fiscal y de los miembros de la unidad familiar obligados a presentarla en su país de origen

Por si fuera poco, según Rodríguez, tienen que demostrar que no disponen de ingresos ni en España ni en su país de origen o procedencia, iguales o superiores en el cómputo anual al Indicador Público de renta de efectos Múltiples (Iprem), es decir, que sus ingresos sean inferiores a 532 euros al mes.

El portavoz parlamentario de NC aseguró que se trata de un “conjunto de obstáculos que más bien parecen pensados para unos inmigrantes regulares”. Superadas todas estas trabas, agregó, la orden se vuelve “discriminatoria” porque los indocumentados “no tendrán” derecho a los mismos servicios sanitarios.

“Especialmente grave” es, según NC, que no dispongan de la prestación de la farmacia ambulatoria, por lo que según la orden “el paciente deberá abonar el 100% del precio”.

Román Rodríguez afirmó con que la crisis económica “no puede ser excusa para dejar sin servicios sanitarios a personas que viven entre nosotros”. Para afrontar este grave problema, NC ha pedido la comparecencia de Brígida Mendoza en la comisión parlamentaria correspondiente y hará una pregunta oral a la responsable canaria en un próximo pleno.