La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, Águeda Montelongo, ha registrado este martes la denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife por posibles irregularidades en la contratación y adjudicación de programas contra las personas encargas de la gestión del Ente Público, el Director, Guillermo García, en calidad de Director General del Ente Público Radiotelevisión Canaria, Rubén Fontes, y la Jefa de Producción de la Compañía Mercantil Televisión Pública de Canarias, Lourdes Reyes.
 
Como es sabido, el pasado 2 de octubre de 2013, el Presidente de la Audiencia de Cuentas, ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, presentó el resultado del informe sobre la gestión de Radiotelevisión Canaria y sus compañías mercantiles dependientes, entre los meses de junio de 2007 y junio de 2011.

"Lamento que el PSOE de Canarias no me haya acompañado a la Fiscalía a pesar de que en la Comisión de Control reconoció que podrían existir presuntas irregularidades en la contratación de RTVC", asegura Montelongo.

Desde la publicación de dicho informe por parte de la Audiencia de Cuentas, la diputada del PP ha requerido información sobre contratos, certificados de audiencia, copias de programas. "Documentos que Radiotelevisión Canaria me ha ido facilitando a cuenta gotas hasta el punto de que me he tenido que personar en las oficinas del Ente Público a recabar la información requerida".

"La situación de RTVC supera la fiscalización política. Es hora de que actúe la Justicia. He tomado esta decisión después de celebrar varias comisiones donde cada vez eran más las dudas y los interrogantes que se me planteaban".

"Tengo dudas razonables de que se haya podido dar algún tipo de supuesta irregularidad en la contratación de estos programas, que pueden ir más allá de unas meras irregularidades contables. Es mi deber y obligación denunciar esta situación".

La diputada popular señala que ha tomado esta decisión "por cuatro razones fundamentales".

En primer lugar, durante este proceso de fiscalización, Montelongo sólo ha podido analizar tres productoras de un total de once que, a raíz del Informe de la Audiencia de Cuentas, seleccionó al azar para proceder a su análisis y estudio.

"Sin embargo, he querido aportar la documentación relativa a esas otras productoras sobre las que no he podido ejercer labor de control a la Fiscalía". 

En segundo lugar, porque en la denuncia presentada este martes no se plantea una posible irregularidad contable porque quedó descartada mediante un Auto del Tribunal de Cuentas de fecha 26 de Mayo de 2014.

"En la denuncia presentada este martes lo que se cuestiona son las supuestas irregularidades en los procesos de adjudicación de contratos de producción de programas en Radiotelevisión Canaria para beneficiar presuntamente a determinadas empresas", puntualizó la diputada.

En tercer lugar, la diputada segura que ha dado este paso porque entiende que "la actitud del Director General en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria ha provocado una situación inaudita en nuestra Democracia, rompiendo el equilibrio entre la separación de poderes, pilares básicos de nuestra convivencia democrática".

Durante la Comisión de Control que tuvo lugar el pasado mes de febrero de 2014, el  Director General efectuó en sede parlamentaria amenazas directas a la Diputada  Montelongo, "una falta inadmisible para quien en aquel momento representaba la soberanía popular por parte “un directivo” nombrado en su cargo a propuesta del Gobierno de Canarias que, tal como se indica en el Artículo 14 de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias y, especialmente, conforme el Artículo 21.6) del  Decreto 153/2001, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ente Público Radiotelevisión Canaria, ostenta el cargo de “Viceconsejero”,  con lo que se entiende que en aquel acto representaba al Poder Ejecutivo".

Ante la magnitud de tal circunstancia y la repercusión social que se derivó de tal acto y frente a un escrito de queja remitido por el Grupo Parlamentario Popular, en una decisión inédita, la Mesa del Parlamento  y la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias, aprobaron con fecha 24 de febrero de 2014 por unanimidad la reprobación del Director General de Radiotelevisión Canaria por su tono “ofensivo” y “amenazante” con la diputada del Grupo Parlamentario Popular.

"Se da la circunstancia que pese a la magnitud del acto, el Director General no ha sido disciplinado por parte del Poder Ejecutivo, es decir, por el Gobierno de Canarias, ante un acto que supone una circunstancia inaudita en nuestra democracia reciente".

Una actitud que, a juicio de Águeda Montelongo y del Grupo Parlamentario Popular, volvió a darse en la última Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria  el 12 de diciembre de 2014, sin que hasta la fecha, haya habido consecuencia alguna.

"El Poder Ejecutivo, representado en la figura del Director General de Radiotelevisión Canaria, ha vaciado de contenido al propio Poder Legislativo que supone la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, por lo que he decidido acudir al auxilio del Poder Judicial, en la medida que mi labor de fiscalización política en este asunto ha llegado hasta donde ha podido y es ahora la justicia la que ha de dirimir en este asunto".

Finalmente, en cuarto lugar, Montelongo quiere remarcar que, junto a su obligación como diputada y como ciudadana, "con este acto quiere poder despejar cualquier duda sobre los ejecutivos de Radiotelevisión Canaria objeto de esta denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y aquellos que pudieran derivarse durante la instrucción de este caso, si tuviera lugar, así como los miembros de la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria en el Parlamento de Canarias".

"Seguiré desarrollando mi trabajo de fiscalización política del Ente Público. Es mi obligación y el deber que me han encomendado los ciudadanos. Lo haré pensando en la más correcta, eficaz y tranparente forma de gestión de los recursos públicos en el Ente Público Radiotelevisión Canaria".