El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, advirtió hoy de que, la “inexistente” política turística del Gobierno de CC, facilita el crecimiento desorbitado e ilimitado de la oferta alojativa, abandona la tarea de la renovacion y diversificación y propicia la oferta de baja calidad en suelo calificado. Rodríguez denunció que el gabinete presidido por Fernando Clavijo ha puesto en riesgo el modelo articulado legislativamente en los últimos 25 años en Canarias en favor del turismo sostenible y de calidad. El portavoz nacionalista sostuvo que el Tribunal Constitucional y la legislación europea permite limitar el crecimiento por razones territoriales, medioambientales y urbanísticos, es decir, en función de la capacidad de carga del territorio.

Con la tramitación del Proyecto de Ley (PL) por el que se deroga el Apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, el portavoz de NC opina que se pone en peligro la legislación turística que Canarias ha construido en los últimos 25 años. Unas normas con las que se ha definido un modelo, destacó Román Rodríguez, que impide el crecimiento desorbitado de la oferta alojativa, que apuesta por la ineludible e incumplida tarea de la renovación y que limita la clasificación de más suelo para uso turístico.

Se refería a la Ley de Ordenación del Turismo de 1995, las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003, la Ley de Medidas Urgentes de 2009 y la de Modernización y Renovación de 2013, modificada en 2015. Un cuerpo legislativo riguroso, en opinión de Nueva Canarias, que apuesta por un turismo sostenible y de calidad al exigir a los establecimientos hosteleros unos altos estándares de calidad edificatoria y energética, una superficie por plaza alojativa mínima de 60 metros cuadrados y unos servicios ofertados a los clientes en función de las modalidades y categorías.

Con la tramitación del PL para derogar el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2013, Román Rodríguez denunció que el Ejecutivo se ampara en el cumplimiento de una sentencia del Constitucional para abrir las puertas a la construcción ilimitada en suelo calificado cuando el alto tribunal permite fijar límites por razones territoriales, medioambientales y urbanísticos, es decir, en función de la capacidad de carga del territorio. Una orientación también amparada por la legislación europea, según NC.

La “inexistencia” de una política gubernamental en esta materia y el error de promover la “barra libre”, según Román Rodríguez, se confirman además en que el gabinete de CC ”ha incumplido sus propias previsiones”. Tres años después, criticó, “no tenemos” el reglamento de eficiencia y edificablidad que “iba a contener” el crecimiento, “no se ha enviado” al Parlamento la evaluación “obligada” del impacto de la ley de modernización y, “para rematar, aún no sabemos nada” del estudio comprometido de capacidad de carga de las islas.

“Necesitamos, con urgencia, una política turística porque Canarias no puede responder solamente a los intereses del mercado”, según el portavoz nacionalista. Una llamada de atención que Román Rodríguez hizo extensiva al último peligro que amenaza al motor económico de las islas, la falta de una regulación “estricta” del alquiler vacacional.

Una actividad en auge y sin control, que el nuevo decreto en elaboración, para NC, “no ofrece la necesaria seguridad jurídica”. Tras reconocer que la filosofía del borrador es positiva al apuntar a la “contención” en las zonas turísticas, Román Rodríguez hizo hincapié en regular esta actividad por ley.

Según los datos del Ejecutivo, a finales de 2017, había 131.032 camas de alquiler vacacional, controladas en las plataformas digitales. Legalizadas tras acogerse al primer decreto (113/2015), según estas mismas fuentes gubernamentales, sólo hay 4.390 viviendas, es decir, que otras 27.281 viviendas (112.592 camas) en zonas turísticas se anuncian ilegalmente. Román Rodríguez incidió en que, de admitirse la vivienda vacacional en zonas turísticas, la oferta de plazas alojativas en Canarias aumentará un 25,5%.

Un incremento completamente “inasumible y desleal” con el sector profesional reglado en la actualidad, con el agravante de que su calidad es menor y que genera poco empleo, tal y como alertó el portavoz parlamemtario de NC.