La ejecutiva nacional de Nueva Canarias (NC) ha decidido que su representante en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, apoye las iniciativas destinadas a exigir responsabilidades políticas vinculadas con los presuntos casos de corrupción que rodean a diversos miembros del Gobierno estatal y representantes del Partido Popular (PP) o de cualquier otra formación política ligada a prácticas que pervierten la actividad política e institucional.

La dirección nacional elaborará un decálogo de medidas destinadas a promover una regeneración democrática, política y de la lucha contra la corrupción.

La ejecutiva nacional de NC, ayer miércoles, dispuso que, con su voto en la Cámara Baja de las Cortes Generales, se apoye cualquier iniciativa que promueva responsabilidades políticas frente a la crisis política e institucional abierta por los supuestos casos de corrupción que rodean al PP, como consecuencia de la trama de Gürtel y los papeles de Bárcenas.

Esta decisión se concreta en secundar la iniciativa de la comisión de investigación anunciada por el grupo Mixto en el que se integra NC, la reprobación de concretarse del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la exigencia de dimisión o censura política al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Un planteamiento que, según el presidente de NC, Román Rodríguez, se hará extensivo a cualquier otro partido político que pueda verse implicado en similares circunstancias.

Nueva Canarias también decidió elaborar un decálogo de medidas orientadas a promover cambios que contribuyan a regenerar la actividad política, el sistema democrático y la lucha contra la corrupción. Román Rodríguez explicó que se trata de una decena de iniciativas, "algunas novedosas y otras que ya forman parte de las posiciones" de esta organización política, "modestas pero operativas" en la defensa de la democracia, las instituciones y la exclusión de la actividad política de las prácticas corruptas.

Entre las propuestas a incluir en el mencionado decálogo se abordará la financiación de los partidos políticos, la reforma del régimen electoral, la promoción de la participación ciudadana y la reforma judicial para agilizar los casos de corrupción y los daños medioambientales, entre otros.