Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pedirá el próximo viernes el apoyo del PP, el PSC y Compromiso para constituir una comisión especial de investigación, que analice las responsabilidades políticas del caso Emalsa. El portavoz municipal de NC, Pedro Quevedo, defenderá una moción en la que se promueve una aclaración de las actuaciones de los representantes públicos pertenecientes al consejo de administración de la empresa de aguas, desde su constitución como sociedad mixta.

De esta manera se hace efectiva la propuesta defendida por NC desde que, el pasado mes de diciembre, se supiera que en Francia se había presentado una denuncia contra dos consejeros de Sercanarias y comenzaran a saberse la existencia de presuntas irregularidades en la gestión de Emalsa, sobre todo, en su relación con Sercanarias, subcontrata de la primera y participada en su totalidad por los dos socios privados del Ayuntamiento en la empresa de aguas.

Según Pedro Quevedo, además de la operación de compra del edificio de Los Tarahales, se ha denunciado que Emalsa muda su sede a otro edificio, por el que paga un alquiler "totalmente desorbitado" tanto en su cuantía como en la duración del contrato, que las facturas que Sercanarias presentaba a Emalsa estaban "infladas", que se "facturaron servicios que no se realizaron", que esta subcontrata usaba material del Ayuntamiento, que los beneficios de la misma se duplicaron en los últimos años y "un largo etcétera que nos tememos que seguirá creciendo" en los días posteriores a la presentación de este escrito.

En el último pleno, y por unanimidad, recordó Quevedo, todos los grupos políticos acordaron el establecimiento de unas normas de control de la gestión de Emalsa más rigurosas y la necesidad de hacer una auditoría independiente sobre dicha gestión.

Paralelamente, continuó el concejal de NC, hay abierta una vía judicial con la denuncia hecha en Francia y otra posible con el traslado que el alcalde del PP, Juan José Cardona, ha hecho a la Fiscalía sobre las investigaciones periodísticas aparecidas." A pesar que somos reticentes" a la judicialización de la política, según Quevedo, está "claro" que la vía judicial ya está en marcha a instancias de la parte privada.

Pero para Nueva Canarias, que "apoyó el acuerdo plenario y es respetuosa" con la vía judicial abierta, e incluso con la decisión del alcalde de acudir a la Fiscalía," no es suficiente por ser incompletas" para esclarecer la totalidad de hechos y actuaciones que han dado lugar a esta alarmante situación, con evidente perjuicio del interés general". Entendemos, afirmó Quevedo, que es preciso determinar si en toda esta trama existen responsabilidades de naturaleza política.

La posible falta de control, diligencia y vigilancia sobre las actividades de Emalsa realizada por parte de los consejeros púbicos, cuya "primera obligación" debe ser defender el interés general del municipio, en opinión de NC debe ser evaluada y sometida a investigación. Incluso "no excluimos", añadió Quevedo, que pudiera tratarse de que los distintos representantes públicos hubiesen sido "sorprendidos en su buena fe".

Que se trate de una u otra causa implicaría actuaciones distintas desde el ámbito municipal. En el primer caso, según NC, se derivarían responsabilidades políticas, sin duda. Pero de los dos supuestos, agregó, pudiera inferirse la necesidad de actuar en otros ámbitos como el judicial o el fiscal con argumentos consistentes.

De confirmarse que se han generado gastos o beneficios injustificables por parte de los accionistas privados mientras, por ejemplo, se han producido incrementos en los recibos del agua, "estaríamos ante una suerte de lucro cesante por la parte municipal que, si hubiese participado de esos beneficios en su 34%, hubiese evitado penalizar" a los usuarios con esta medida.

Este lucro cesante parece haber sido provocado, añadió, por una "parasitación de la parte privada sobre la pública, quedándose la primera los beneficios del negocio a través de la subcontrata Sercanarias".

Por eso Nueva Canarias entiende que, en estos tiempos en los que el descrédito y el desapego hacia la política están al orden del día, "debemos ser más rigurosos que nunca" en el ejercicio de la función pública y "debemos ejercer todos los instrumentos de control y determinación de posibles responsabilidades políticas que nos otorga" la normativa vigente.

Con estos argumentos, Nueva Canarias insta al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria a la creación de una comisión especial de investigación para aclarar la actuación que los representantes públicos, que han pertenecido al consejo de administración de Emalsa desde su constitución como sociedad mixta y han desempeñado en el ejercicio de sus responsabilidades.