También el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifiesta que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

Estos son solo algunos de los tratados de carácter internacional que recogen derechos que tienen que ver con la dignidad de las personas. Por supuesto también la Constitución Española ampara derechos relacionados con la vivienda, la protección por parte de los poderes públicos, el trabajo o la seguridad social.

Comenzando el siglo XXI pocos podían sospechar que fuese necesario invocar estas normas, algunas de ellas de mediados del siglo pasado, para llamar la atención de situaciones que se están dando actualmente en el Estado Español y concretamente en esta capital de la que somos representantes.

La crisis económica que atravesamos ha puesto de manifiesto situaciones que todavía esta ciudad no tenía resueltas y ha agravado o creado otras tantas que la octava ciudad del Estado no se debe permitir.

Nueva Canarias, al igual que  los otros grupos de la oposición, ha denunciado en este Pleno a lo largo de estos dos años de manera singularizada algunas de estas situaciones.  Ejemplos de nuestras denuncias son: el lamentable e indigno estado de las llamadas “casas baratas” de Tamaraceite y su interminable reposición, la situación de pobreza extrema y la falta de nutrición adecuada de los niños de El Lasso, la falta de infraestructuras sociales mínimas en Zárate, los altos niveles de desempleo y riesgo de estallido social en Cruz de Piedra, la infradotación presupuestaria del área de Servicios Sociales, la falta de una política adecuada en cuanto a vivienda destinada a las familias de baja o nula renta, la desatención municipal de los Riscos y finalmente nuestra propuesta, hecha en noviembre del año  pasado, que ya solicitaba la apertura de comedores infantiles para que nuestros niños pudieran comer de forma equilibrada durante los periodos estivales, y que, por cierto, fue rechazada por el Grupo de Gobierno.

En los últimos tiempos parece estar en la agenda de los Partidos Políticos y de las instituciones la necesidad de llegar a acuerdos, de firmar grandes pactos que traten de resolver los graves problemas por los que está atravesando actualmente nuestra sociedad. Desde Nueva Canarias hemos mantenido desde hace meses ese discurso y hemos propuesto en todas las instituciones en las que tenemos representación la idea de poner en marcha grandes planes pactados y consensuados entre todas las fuerzas sociales; concretamente en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentamos una moción en noviembre de 2012 en la que proponíamos un Plan contra la Pobreza Infantil y en febrero de este mismo año otra moción para poner en marcha un Plan de choque contra la Pobreza y la Exclusión Social.

En ese empeño continuamos y por ese motivo volvemos a traer al Pleno otra propuesta en esa misma línea. Desde la pasada campaña electoral, Nueva Canarias utilizó los términos de “Igualdad Ciudadana Básica” para referirse a aquellos aspectos que tienen que ver con derechos básicos de ciudadanía  que deben ser atendidos y resueltos por las administraciones públicas de manera prioritaria. Estamos refiriéndonos a cuestiones tan básicas como el derecho a una vivienda digna, al saneamiento, al agua, la luz, la alimentación, el empleo y unos equipamientos y dotaciones sociales mínimos. La administración pública no puede garantizar que todos los ciudadanos vivan con lujos pero si debe procurar que vivan bajo unos estándares mínimos de dignidad.

Estos estándares mínimos tiene que ver con que no puede haber viviendas como las que hay en  el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya en donde hay casas sin saneamiento, o como ocurre en Las Rehoyas, Jinámar, o también en Tamaraceite, en donde hay viviendas que no reúnen las más mínimas condiciones de habitabilidad. Tampoco es permisible que haya familias en nuestra capital a las que se les esté cortando el agua o la luz cuando no pueden pagarlo porque en la familia no hay ni una sola persona que trabaje o tenga derecho a percibir alguna ayuda. Inadmisible es también que haya familias enteras en donde la alimentación diaria sea un problema sin resolver.

Desde Nueva Canarias mantenemos que mientras en la ciudad haya situaciones como estas, los responsables políticos debemos mantener como prioridad máxima y casi absoluta, destinar gran parte de los esfuerzos, de las energías y de los recursos a resolver estos asuntos. Es época de priorizar, los recursos son escasos y la situación dramática. Para Nueva Canarias es momento de aparcar políticas, que si bien serán importantes  en un futuro esperemos que no muy lejano, son de difícil explicación para las personas que ahora mismo no tienen cubiertas sus necesidades más básicas.

Vivimos una época en que algunos  políticos se han convertido en verdaderos expertos en buscar coartadas y excusas, retorciendo el lenguaje para encubrir las dramáticas situaciones que vivimos y despejando siempre a las instituciones superiores las responsabilidades que se deben asumir.

Nueva Canarias, en este Ayuntamiento, quiere asumir su parte de responsabilidad, que de momento solo puede ser propositiva y en todo caso el compromiso de arrimar el hombro si somos capaces de llegar a acuerdos y fijar unos mínimos sobre los que actuar.

Entre todos debemos fijar cuáles son esos estándares mínimos irrenunciables y prioritarios. Todos los colectivos, asociaciones, partidos, sindicatos y ONG deben ser escuchados para fijar aquello que, como sociedad, estamos dispuestos a defender y mantener. A partir de ahí debe existir el compromiso colectivo de hacer todo lo que sea posible, con medios humanos, materiales y económicos para conseguirlo.

Por todo ello los concejales de Nueva Canarias, miembros del Grupo Mixto solicitan los siguientes acuerdos:

Poner en marcha un grupo de trabajo con el máximo ámbito de participación para proponer y firmar una “Carta sobre Igualdad Ciudadana Básica”, en donde se recoja, con el consenso de todos, aquellos estándares mínimos de dignidad que se entienda que deben reunir todos los habitantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
 

Aprobada esa Carta, todos los grupos políticos, en el gobierno y en la oposición, asumen el compromiso solemne y público de destinar todos los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para alcanzar esos objetivos de manera prioritaria y en un calendario razonable.