El diputado de Nueva Canarias (NC) en la comisión sobre el reto demográfico, Luis Campos, propugnó hoy que este órgano de estudio del Parlamento extienda su análisis a los efectos del alquiler vacacional en el Archipiélago. Campos mantuvo que una de las derivadas del incremento poblacional es la dificultad de acceder a una vivienda a precios razonables, que aumenta con la desaparición del mercado residencial de miles de pisos o casas para ser reconvertidas en una modalidad de explotación turística. El dirigente de los canaristas progresistas afirmó que este tipo de negocio es “legítimo” pero se mostró partidario de evaluar su repercusión en los problemas para comprar o alquilar una vivienda.

En su condición también de presidente de la comisión, hizo hincapié en el importante problema residencial existente en Canarias, que se acrecienta por el aumento de la población y la presión ejercida sobre el mercado, lo que dificulta el acceso a una vivienda, ya sea en propiedad o para ser arrendada.

Por este motivo defendió esta nueva línea de trabajo centrada en el alquiler vacacional como accesoria a la también planteada por Nueva Canarias para abordar los efectos de la compra de apartamentos y casas por parte de personas no residentes en las islas.

Para el diputado de NC, los problemas para disponer de una residencia habitual, además de estar asociados al crecimiento demográfico y a la falta de oferta pública por la ausencia en la última década de política alguna, “hoy por suerte retomada” con la ejecución del plan canario para el periodo de 2020 a 2025 del Gobierno de progreso; están afectados por la actividad del alquiler vacacional.

Retirar del mercado residencial, fundamentalmente de las ciudades metropolitanas y municipios turísticos, más de 25.000 viviendas que, en la actualidad, se pueden dedicar al arrendamiento turístico; para Campos tiene una relación directa con el incremento de los precios del alquiler y también para la adquisición en propiedad. Además de otras consecuencias vinculadas con los cambios producidos en los modelos de desarrollo urbanístico.

Recalcó que, con este planteamiento, los canaristas progresistas “no cuestionamos un tipo de modalidad de negocio turístico, que funciona aquí y en el resto del mundo”. Pero sí cree necesario Campos abordar sus implicaciones y analizar, si cabe, la conveniencia de una regulación “mejor, más amplia”.