“No habrá ni una sola vivienda de titularidad pública en Canarias que esté vacía, ni seguiremos permitiendo que las personas en proceso de desalojo de su vivienda no puedan acceder a una vivienda de titularidad pública porque legalmente sean poseedoras de otra. Esto es un sinsentido y lo vamos a cambiar”. Así de contundente se mostró hoy la vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, durante su intervención ante el Pleno del Parlamento para hablar sobre medidas que permitan evitar los desahucios de familias o personas en situación de emergencia social.

Hernández explicó que “la prioridad es dar salida a la viviendas que están vacías y para ello estamos trabajando en un programa piloto con la Sareb, conocido como el banco malo, para poder hacer con posterioridad otro más amplio, pero también estamos intentando firmar otros convenios con entidades financieras privadas para tener un parque de viviendas de alquiler”. En este sentido, resaltó que “nuestra política va a ser la del alquiler social frente a la de dar la vivienda en propiedad como se daba antes”.

“Tenemos más de 20.000 viviendas públicas en Canarias y todas las semanas, con toda rapidez, celebramos segundas adjudicaciones para que ninguna se quede vacía”, subrayó Hernández, quien recordó que el Gobierno está avanzando en la creación de la Oficina de Defensa del Derecho a la Vivienda, “cuyo protocolo ya hemos presentado a los cabildos, y que contiene un fin más amplio, modificando el proyecto original de Oficina Antidesahucios “por otro más amplio que defienda el derecho de las personas a acceder a una vivienda, que son dos cosas distintas”, matizó.

Patricia Hernández señaló que “el gobierno del PP tuvo la oportunidad, y no lo hizo, de retirar esa vergüenza que supone tener a esta tierra con una mano atada con el recurso contra la Ley Canaria de Vivienda que nos permitiría, por ejemplo, expropiar el uso de las viviendas vacías en manos de los bancos. Canarias no ha vendido ni venderá una sola vivienda a fondos buitres. Mi gobierno no expulsará a nadie de su vivienda. Este gobierno ha venido a garantizar el derecho a tener un proyecto de vida y se dejará en ello la piel”, enfatizó.

En su intervención, la consejera recordó que el Gobierno “ha sustituido el sistema de sorteos por el de baremo, mucho más objetivo, y que tendrá en cuenta la situación real de cada familia”. En este sentido, aclaró, que “haber sido víctima de violencia de género o haber sufrido un desahucio por no tener dinero para pagar la hipoteca serán situaciones que pasarán a estar protegidas en la baremación, como también lo estarán las familias en riesgo de exclusión social, unidades familiares con algún miembro con discapacidad o las familias numerosas en situación económica precaria”.

En relación con los procesos de desahucios, explicó que “nada más entrar en la Consejería, tomamos algunas medidas de urgencia en casos muy conocidos de personas que necesitaban una alternativa a la vivienda que tenían o que, directamente, se iban a quedar en la calle. En otros casos no tan conocidos hemos intervenido directamente y hemos hecho las gestiones oportunas para evitar el desalojo de familias necesitadas en colaboración con otras entidades, públicas y privadas”.

El nuevo Plan Canario de Vivienda incluirá acciones para potenciar el empleo

Respecto al nuevo Plan Canario de Vivienda, la vicepresidenta anunció que “tendrá como objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda, con un precio que puedan pagar, de manera que sus casas sean el eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema para su futuro”. En este sentido, adelantó “que el nuevo plan no se limitará a levantar pisos, sino que garantizará el acceso a una vivienda mientras crea puestos de trabajo a quienes no lo tienen”.

“Esta oportunidad también les llegará del plan que estamos elaborando para la rehabilitación y mantenimiento del Parque Público de Viviendas y para la mejora de la Gestión y Supervisión del Parque Público de Vivienda, y que será, básicamente, un plan de empleo”, indicó. “La mejora de la gestión del Parque Público de Viviendas evitando la existencia de viviendas vacías, mejorando para ello los mecanismos legales de recuperación de las viviendas públicas, al tiempo que se agilicen los procesos de adjudicación, será otro de los objetivos del nuevo Plan”, dijo.

Además, la vicepresidenta anunció que cuando el Gobierno de Canarias participe en la rehabilitación y reposición de viviendas junto a otras administraciones, aquellas que queden sobrantes pasarán a formar parte del parque público de viviendas y serán también adjudicadas a quienes formen parte del registro de solicitantes de vivienda pública. “Otro objetivo fundamental de nuestra acción política en esta área será la promoción de la “economía social” favoreciendo la creación de cooperativas de vivienda en alquiler”, enfatizó.

En este ámbito, subrayó la necesidad de intervenir en la determinación de precios de alquiler y compraventa de vivienda, utilizando, para ello, los instrumentos al alcance del Gobierno regional: Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI); Empresa Pública Viviendas Sociales de Canarias (VISOCAN); Viviendas de Protección Oficial (VPO) de promoción privada; empresas públicas de Viviendas Municipales; y otros, como entidades financieras, promotores tenedores de vivienda vacía, perceptores de ayuda o adjudicatarios de contratos públicos.

Desbloqueo de los procedimientos en materia de Vivienda

Patricia Hernández aclaró que la voluntad de su departamento, desde el minuto uno, se ha centrado en desbloquear todos los procedimientos que estaban bloqueados. Así, aludió a la entrega de las promociones de viviendas públicas que llevaban muchos meses terminadas y no habían sido entregadas, como las de Jinámar y Las Torres, ambas en Gran Canaria.

“Esto ha permitido a más de 115 familias acceder a una vivienda social en régimen de alquiler. Estamos también trabajando en La Laguna, por ejemplo, en la revisión de las circunstancias económicas de las familias que residen en viviendas de titularidad pública para ayudarlas y hemos impulsado definitivamente el convenio de las Chumberas, donde habrá un excedente de viviendas y cuyo convenio se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno”, aseguró. En este punto, Hernández adelantó que el Gobierno trabaja también en la ejecución de aquellas que quedan pendientes en El Sauzal para su próximo término y adjudicación.