El pasado martes 30 de octubre de 2012 no sólo hubo tormenta en lo que a la meteorología se refiere, sino que también en lo concerniente a los medios de comunicación. Y es que el ejecutivo de Paulino Rivero, a través de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, aunque parezca mentira, ha procedido a precintar los equipos de alta frecuencia de Mi Tierra TV, dejando a la emisora sin señal desde entonces. Y es que, siguiendo instrucciones de la referida Viceconsejería, varios equipos de la Policía Autonómica, como si de una actuación terrorista se tratara, se personaron en la zona conocida por La Corona, en el término municipal de Los Realejos, y procedieron al referido precinto. 

A nadie se le escapa que Mi Tierra TV no es del agrado del ejecutivo regional, pues una y otra vez ha puesto al descubierto las vergüenzas del gobierno de Paulino Rivero e, incluso, ha evidenciado las faltas a la verdad de éste para con el Norte de Tenerife. Tal es así, que Mi Tierra TV fue uno de los artífices de la manifestación que, precisamente, un año antes, esto es, el 30 de octubre de 2011, 
reivindicaba del Gobierno de Canarias la construcción del muelle deportivo, pesquero y marítimo de Puerto de la Cruz, y que concentró en la Plaza de Europa de dicho municipio a más de 20.000 personas. Parece que al equipo de Rivero esto no le ha gustado y no ha encontrado otra forma de silenciar una voz molesta que la de tratar de cerrar, por todos los medios, la emisión de Mi Tierra Tv.

Y es que no puede dejar de llamar poderosamente la atención el ahínco y el empeño que el Gobierno de Rivero ha puesto en este asunto, tratando desde hace ya más de un año, como decíamos, de cerrar la emisión de Mi Tierra Tv, utilizando todos los medios que la Administración tiene a su alcance. Es más, no puede ser más sorprendente que, conocidas las distintas Sentencias del Tribunal Supremo que vienen a ratificar que el concurso de Televisión Digital Terrestre fue una "chapuza", anulando el mismo y, por tanto, dejando a todas las televisiones locales sin licencia, precisamente utilice la carencia de esta licencia para proceder al precinto y, por ende, al cierre de Mi Tierra Televisión. Es más que evidente que no se tiene el mismo rasero con todas las televisiones locales, pues mientras que a Mi Tierra Tv se la persigue, a otros medios en iguales circunstancias, no sólo se les tolera la actividad, sino que incluso se las promociona y, en algunos casos, hasta se les financia a través de las Administraciones Públicas.

De esta forma, Paulino Rivero, al más puro estilo chavista, utilizando los medios de la Administración, ha procedido a realizar un ataque frontal a la libertad de expresión y de información, que no sólo es un derecho de la cadena, sino de la sociedad general, que en un Estado de Democracia y de Derecho debe tener posibilidad de conocer las distintas opiniones, con el fin de fomentar el pluralismo político lo que, según parece, no es del agrado del actual gobierno regional que, día tras día, nos salpica con un escándalo nuevo relacionado con su intención de controlar los medios de comunicación.

Para ello, basta con echar una mirada tanto al concurso de TDT como de las frecuencias de Radio FM, que ha sido anulado, el primero por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y confirmado por el Tribunal Supremo y, el segundo, que ha acabado con los miembros de la Mesa de Evaluación del Concurso Público imputados por varios delitos, y de los que conoce el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife. 

A la vista de la situación, Mi Tierra TV, ejercitará todas las acciones legales, incluidas las penales, que están a nuestro alcance, ya que entendemos que a pesar de la presión realizada sobre la emisora y sus trabajadores, nos vemos en la obligación de seguir cumpliendo con nuestra fiel audiencia, a la que agradecemos las numerosas muestras de apoyo que hemos venido recibiendo desde que se produjera lo que calificamos como una "tropelía", ya que, parece que Paulino Rivero y sus adláteres olvidan que la libertad de expresión es un derecho constitucional, esencial en un sistema de libertades democráticas, que consagra el derecho a opinar, que es libre,aunque a él no le guste lo que se opine de él.