Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, exigió hoy, una vez más, que se cumpla definitivamente con la instrucción dictada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, el pasado 16 de diciembre de 2015, en el sentido de que se procediera a redactar el proyecto para la demolición total del edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas conocido como “mamotreto”.
 
El portavoz de Sí se puede calificó de “ridícula” la situación a la que está sometiendo el grupo municipal de gobierno a la cuidad de Santa Cruz, en su intento de esquivar el cumplimiento de una sentencia judicial “a base de un ir y venir de informes técnicos” elaborados por el propio Ayuntamiento y que, en realidad, concluyen que la única salida para el Consistorio es acatar el fallo judicial, que establece la demolición total del mamotreto.
 
“La instrucción dada por el alcalde el 16 de diciembre de 2015 al Área de Infraestructura del Ayuntamiento es que se elaborara el proyecto necesario para llevar a cabo ‘la demolición en su totalidad de inmueble’ –recuerda Arcila–, y esta tajante orden la dio Bermúdez a la vista de los contundentes informes evacuados por la directora técnica jurídica de la Gerencia de Urbanismo, que posteriormente fueron ratificados por la directora de la Asesoría Jurídica del Consistorio. Por tanto, al Área de Infraestructura se le encargó lo que está en su ámbito de competencias, que es abrir el expediente para la contratación del proyecto y demolición”.
 
Arcila dijo que el alcalde no puede consentir que, mientras él mismo ha dado esta orden, en los despachos del grupo de gobierno se sigan dilatando los plazos y tejiendo argucias para tratar de evitar una orden judicial que no tiene medias tintas. A estas artimañas se suman los enredos del concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, quien, entre otras acciones dudosas, le ocultó información al Pleno en relación con el Plan Especial de Las Teresitas, una herramienta de planeamiento a la que el Gobierno local se aferra infructuosamente para tratar de evitar el derribo.
 
Frente a una minoría que sostiene que el derribo del mamotreto supone un despilfarro de dinero público destinado a la ciudadanía, Arcila recordó que “la corrupción consiste precisamente en actos como este: destinar dinero público a obras ilegales para beneficio de unos pocos a través de favores políticos. Si se ha perdido dinero por culpa de estas maquinaciones, serán los responsables de tales acciones quienes deberán devolver ese dinero a Santa Cruz”, concluyó.