Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo precisan una atención que tenga en cuenta el género, la sexualidad, sus edades y otras claves para su bienestar, según se desprende del estudio desarrollado por Plena inclusión Canarias, en colaboración de Farapi y subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. 

El trabajo presentado hoy contó con la participación de mujeres, familiares y profesionales. Bajo el título `La historia solo cuenta una parte de nosotras´, subraya la necesidad de generar espacios que introduzcan la perspectiva de género, aborden los derechos sexuales y reproductivos y ofrezcan una educación sexual integral.

El estudio detecta que la formación destinada a esta población cuenta con mayor participación por parte de los varones. Las mujeres jóvenes, en cambio, se mantienen en el ámbito privado, mayoritariamente encargadas de trabajos de cuidados, accediendo a los servicios especializados cuando ya son mayores. El acceso al empleo es también desigual entre las personas con discapacidad, 60,8 por ciento los hombres, 39,2 por ciento las mujeres.

Irene Rodríguez, técnica de Plena Inclusión Canarias, resaltó la contradicción entre la asignación de los cuidados en el reparto sexista del trabajo también con mujeres con discapacidad intelectual, al tiempo que se le niega la sexualidad, la maternidad y no se presta la atención debida a la prevención de la violencia machista, cuando se trata de un colectivo especialmente vulnerable.  El 90 ciento de las personas con discapacidad intelectual han sufrido abusos sexuales.

Abrieron el acto la consejera de Igualdad, María Nebot, y la gerente de Plena inclusión Canarias, Natalia Cañeque, quien resaltó que se trata del primer informe de estas características que se realiza en Canarias. Además de Irene Rodríguez, participaron Elda Romero, promotora de Igualdad de esta ONG, y Ana Ruano, técnica de Farapi.

Nebot señaló que el estudio refuerza la apuesta de la Consejería por incluir la mirada interseccional en los servicios de atención y promoción de la igualdad, de forma que atienda a las personas en función de las diferentes variables que influyen en sus realidades. 

“Venimos de una larga tradición acostumbrada a estigmatizar a las personas por no responden a los estándares normativos, ya sean físicos o intelectuales. Incluso a la hora de prestarles apoyo, se ha caído en el error de centrar el foco en esa peculiaridad, olvidando o incluso negando cualquier otra característica. No se las ha visto como personas sexuadas, con orientación e identidad sexuales. Se les ha interpretado como personas sin deseo o, peor aún, sin derecho al deseo y al disfrute de sus cuerpos”, afirmó la consejera de Igualdad.