Comunidades y pequeños propietarios de inmuebles de uso turístico o mixto (residencial-turístico) en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el corazón turístico de Gran Canaria, mantienen estos días una movilización sin precedentes para presentar en septiembre alegaciones masivas contra el Plan General de Ordenación (PGO) y contra el decreto de la Comunidad Autónoma que desarrolla la Ley de Modernización Turística.

En coordinación con la plataforma creada en San Bartolomé de Tirajana, cientos de propietarios siguen adelante con el propósito de presentar “cajas de alegaciones” contra la pretensión del Gobierno de Canarias de imponer el uso turístico a todos los inmuebles y prohibir todo uso residencial privativo, sea como primera o como segunda vivienda, incluso en urbanizaciones que llevan años fuera de los canales de explotación.

Entre estos propietarios figuran muchas familias que se endeudaron para comprar apartamentos y bungalós cuando éstos ya encontraban fuera de explotación turística y que han establecido allí su domicilio, al tratarse de su única vivienda.

De nada han servido las argumentaciones del alcalde, Marco Aurelio Pérez, y mucho menos aún las de los técnicos de Gesplan, la empresa pública del Gobierno de Canarias que redactó el nuevo PGO a imagen y semejanza de la Ley de Modernización Turística de Canarias.

La presión no sólo no disminuye en San Bartolomé de Tirajana, sino que, a cada nuevo argumento de la Administración pública en alguno de estos dos escalones, va en aumento el sentimiento de indefensión de cientos de propietarios que temen perder el uso privativo de sus inmuebles turísticos o lo que es peor, su única vivienda con cargas hipotecarias.

El rechazo cristaliza estos días en las asambleas convocadas por comunidades de propietarios de la zona turística que se han movilizado contra el nuevo Plan General y “el decretazo” del Gobierno, en palabras del presidente de uno de estos colectivos.

Las comunidades, a menudo divididas por diferencias domésticas sobre gastos internos, ruidos o derramas, están aparcando estos días sus diferencias y aprobando por virtual unanimidad la presentación de alegaciones masivas. El objetivo, conseguir de forma coordinada “cajas enteras de alegaciones” cuya imagen deje bien claro el rechazo frontal a la normativa aprobada o proyectada, una de cuyas piezas más inquietantes, el decreto turístico, fue aprobado por el Gobierno de Paulino Rivero en funciones pocos días antes de las últimas elecciones autonómicas.

La movilización afecta a San Bartolomé de Tirajana porque allí están físicamente los inmuebles afectados por esta normativa, pero en realidad irradia a toda Gran Canaria porque muchos de los propietarios no residentes son pequeños inversores que viven en otros municipios, pero adquirieron hace años sus apartamentos o bungalós como segunda residencia vacacional.

Por esta causa, el conflicto amenaza con pasar factura electoral no solo al equipo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana, en realidad atrapado por una decisión que no es suya, sino a las organizaciones políticas responsables del decreto turístico, aprobado por el Gobierno de Rivero (Coalición Canaria) con el apoyo del Partido Socialista.

La gran mayoría de los propietarios movilizados descubrieron atónitos en pleno mes de agosto, alertados por sus respectivas comunidades, que se exponen a perder de forma inminente cualquier uso privativo de sus inmuebles por la acción combinada del nuevo PGO y del decreto turístico. Ambos fueron redactados por el anterior Gobierno con el objetivo de detener y revertir el proceso de residencialización que se ha ido implantando durante años en el Sur de Gran Canaria y que se disparó como consecuencia de la crisis económica.

El decreto pretende forzar el uso turístico y no privativo de todos los inmuebles y cuenta para ello con el soporte añadido del PGO, redactado a su imagen y semejanza. Por eso el primer paso de muchos propietarios es presentar alegaciones contra el Plan General y acto seguido dirigirse al Cabildo y a la Comunidad Autónoma (como se les ha recomendado desde el propio Ayuntamiento) para exponer su rechazo al decreto turístico.

La crisis y en algunos casos la pésima explotación turística de sus complejos por estafadores profesionales forzó a muchas comunidades a salir de los canales de explotación turística por falta de rendimiento suficiente. En ese contexto, muchos propietarios optaron simplemente por conservar el uso privativo de sus inmuebles y otros, ya con la crisis encima, incluso establecieron en ellas su domicilio o el de sus hijos sin vivienda.

Ahora, con el decreto turístico de mayo en la mano, unos y otros pueden ser literalmente expulsados de sus propiedades si no se avienen a la obligatoriedad de ceder la explotación turística de sus inmuebles a terceros, a cambio de compensaciones económicas generalmente irrisorias o incluso de saldo negativo.

Si los inmuebles fueron construidos sobre suelo catalogado como turístico, estos propietarios no pueden utilizar sus inmuebles ni como primera, ni como segunda residencia, pero tampoco pueden explotarlas turísticamente de forma individual, porque tienen expresamente prohibido el alquiler vacacional.

En estas condiciones, el decreto les aboca a externalizar la explotación y atarse sin remedio a empresas explotadoras externas, hasta el punto de que el decreto contempla expresamente la transmisión forzosa a terceros de los inmuebles cuyos propietarios no estén de acuerdo (transmisión dominical forzosa mediante la figura de ‘sustitución forzosa del propietario’ disidente).

Muchos de los propietarios afectados por esta normativa consideran que el decreto encubre en la práctica un canal para que empresas explotadoras se hagan con el control masivo de urbanizaciones turísticas “sin pagar un duro por ellas”.

Se añade como agravante que es el pequeño propietario el que debe abonar todas las derramas y reformas exigidas para la explotación turística forzosa, porque en caso contrario se expone directamente a perder su inmueble por la vía de la sustitución del propietario disidente.

Algunos de los ejemplos puestos por la Administración autonómica como establecimientos ejemplares, a los efectos de la nueva normativa turística, no han hecho sino causar aún más indignación entre los afectados: en uno de los casos señalado como ‘ejemplar’ por la Administración, los propietarios pequeños tuvieron que desembolsar miles de euros para conseguir la calificación de 4 estrellas para su complejo y ahora reciben como renta mensual “la fabulosa cifra de 200 euros”, según se relató este fin de semana en una de las asambleas de propietarios celebrada en San Bartolomé de Tirajana.

Por si esto fuera poco, muchos de los propietarios afectados han sido ya en el pasado víctimas directas o indirectas de administradores turísticos que forzaron cuantiosas derramas para modernizar los complejos y acto seguido esquilmaron las cuentas de la explotación y acabaron por esta causa en proceso concursal o directamente imputados en la vía penal.

Ningún escalón de la administración amparó entonces a los miles de propietarios que se han visto en mayor o menor medida afectados por situaciones de esta naturaleza. Y ahora, cuando el fin se ocupa de ellos, la Comunidad Autónoma lo hace para prohibirles el uso privativo de sus propiedades.