El grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PSOE) gastó 29,5 millones de euros de forma irregular en 2014, informa el portavoz del grupo insular de Podemos, Fernando Sabaté, tras examinar el informe de fiscalización llevado a pleno en diciembre sobre el total de advertencias de ilegalidad formuladas desde la Intervención General por numerosas anomalías detectadas ese año en el gasto de dinero público relacionado con subvenciones, contrataciones administrativas, encomiendas de gestión y convenios de colaboración.

“Es un escándalo que el Gobierno insular gastara irregularmente más de 566.000 euros públicos por semana, es decir, 80.885 euros cada día del año”, critica Sabaté mientras resalta que en realidad el desembolso irregular de dinero público fue mucho mayor, ya que esos 29,5 millones corresponden sólo a la fiscalización del gasto de la Corporación insular, sin contar sus entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles.

Y alerta de que esos reparos apuntan a desembolso arbitrario de fondos, contratos a dedo y posibles tratos de favor en subvenciones y contrataciones públicas. “Esperemos que la llegada de Podemos al Cabildo disuada al grupo de gobierno de seguir gastando fondos públicos al margen de la legalidad o, de lo contrario –indica–, nos veríamos obligados a acudir a Fiscalía”.

Sobre las causas de esas advertencias de ilegalidad, el portavoz de Podemos explica que 28,9 millones de euros fueron reparados por omisión de trámites esenciales en 122 expedientes de gasto; 300.000 euros por ausencia de fiscalización y 260.077 euros por insuficiencia o inadecuación de crédito. Para realizar los pagos a pesar de las discrepancias legales de la Intervención General, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, levantó vía decreto 109 reparos por valor de 27,1 millones de euros, mientras que el pleno asumió la responsabilidad de levantar 16 reparos de gasto por importe de 2,4 millones.

En materia de contratos, Intervención destaca “por su reiteración” la omisión del procedimiento legal establecido y la prolongación de contratos extinguidos, “el uso del contrato menor en sucesivas contrataciones con la misma empresa y objeto, constituyendo un fraccionamiento del objeto contractual”, la falta de justificación de modificaciones en los contratos y las contrataciones de emergencia “más allá de los supuestos legalmente contemplados”. Intervención también concreta que la mayoría de reparos en materia de convenios se debe a la utilización de esta fórmula “con objeto de eludir la contratación administrativa o la convocatoria de una subvención” y a la “omisión de trámites esenciales” para su aprobación.

En cuanto a subvenciones, los técnicos citan “valoraciones defectuosas que no se ajustan a los criterios establecidos en las bases, falta de justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos”, así como “otorgamiento de subvenciones directas sin que se justifique la imposibilidad o dificultad de realizar convocatoria pública”, “gastos que bajo el concepto de representativos o protocolarios encierran verdaderas subvenciones en especie” o “falta de adecuada justificación del gasto de acuerdo con la finalidad para la que fue concedida la subvención”.