El Grupo Parlamentario Popular rechazó la enmienda que instaba al Gobierno regional a instalar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en la isla de El Hierro, recogida en la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias, “al tratarse de un dudoso y costoso sistema de reciclaje que no es necesario en estos momentos” señaló la diputada herreña, María del Carmen Morales.
 
Morales, después de reunirse con colectivos empresariales de El Hierro, trasladó al Grupo Popular “el malestar y el rechazo” de los empresarios a esta propuesta “ya que ni los costes ni el funcionamiento aconsejan que se implante. No entendemos el interés de Coalición Canaria y del Partido Socialista en implantar un sistema que podría significar la ruina de algunos empresarios”.
 
A juicio del Grupo Parlamentario Popular “antes que pensar en adoptar un nuevos sistema de reciclaje es necesario evaluar el funcionamiento y el grado de cumplimiento de los objetivos europeos del actual”. “Es impensable, agregó la diputada popular, que la evaluación del grado de cumplimiento de estos objetivos se haga a través de un sistema que no ha sido implantado”.
 
“No es sensato, en la situación actual de la economía canaria, establecer nuevos sistemas de dudoso resultado con el alto coste que ello implica. Una razón por la que ha sido descartado en países de la comunidad Europea”, precisó María del Carmen Morales.
 
Cabe recordar, señaló la parlamentaria herreña, que Coalición Canaria y el PSOE pretendían “imponer que El Hierro fuera la experiencia piloto de la aplicación de este nuevo sistema de reciclaje a pesar de que “desde las distintas asociaciones empresariales y de supermercados se ha solicitado la retirada de esa enmienda, particularmente de El Hierro. El Grupo Parlamentario Popular solicitó esa retirada y logró la modificación del texto” destacó Morales. Para el PP el actual sistema de reciclaje funciona de una manera óptima.
 
El nuevo sistema de  de envasases no se aplicará hasta 2016. Está prevista una prueba piloto en una isla menor siempre y cuando no se alcance en Canarias la media de reciclaje que existe en toda España. La media española se verificará según datos oficiales del Ministerio correspondiente o de la Comisión Europea.
 
En esta modificación también se apunta a que se autoriza al gobierno, previa audiencia a los Cabildos Insulares, a la determinación de los parámetros de evaluación del cumplimiento de los objetivos del sistema, y de aspectos  que fueran necesarios entre ellos se aprobaría un apoyo financiero inicial para proceder a su instalación. “Hay que tener en cuenta que se obliga a habilitar unos espacios para la instalación de máquinas que la mayor parte de establecimientos no tiene, lo que supone un coste añadido” advierte María del Carmen Morales.