Sí se puede considera que, por “higiene”, Coalición Canaria debería apartar a sus candidatos señalados por el Caso Grúas

Sí se puede considera que, por “higiene”, Coalición Canaria (CC) debería apartar a sus candidatos señalados por la Fiscalía Anticorrupción por el Caso Grúas. La Coordinadora de Sí se puede en Canarias, manifiesta así la posición de la organización ecosocialista tras conocerse el documento de la responsable de la Fiscalía Anticorrupción, en el que atribuye al presidente Fernando Clavijo y a otros cargos de CC presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias vinculados con este caso.

La formación asamblearia recuerda que todo el proceso del Caso Grúas surge directamente de las gestiones del propio Fernando Clavijo, que, como exresponsable del área de Seguridad Ciudadana, propuso poner en marcha la privatización de las grúas municipales de La Laguna el 6 de octubre de 2003, “un servicio público que tenía un coste previsto de 3.569.984,28 euros en los primeros cinco años y que con la gestión indirecta paso a 4.460.695,35 euros, casi un millón más”.

Para Sí se puede, este nuevo escrito se suma a los ya elaborados por la Audiencia Provincial y por el Juzgado Nº 2, dotándolo de una “especial fuerza que ratifica la contundencia de los documentos y pruebas aportados por la acusación popular”

A juicio de la formación ecosocialista, es insostenible que el presidente canario mantenga su puesto en una situación como esta. Afirma que ya no se trata de declarar en el juzgado o no, se trata de una imputación gravísima ante la que, hasta ahora, Clavijo, por un lado, ha impulsado una estrategia alocada de mantener el privilegio del aforamiento, desaparecido en el nuevo Estatuto de Autonomía, y, por otro, ha puesto en duda la validez y la seriedad de ciertos ámbitos judiciales, siempre que no le son favorables.

Sí se puede ve necesario que Clavijo dimita y dé un paso a un lado y considera que no hacerlo sería una irresponsabilidad con Canarias. La organización indica que no nos podemos permitir tener un presidente que presuntamente está implicado en un caso en el que supuestamente se han desarrollado actuaciones delictivas de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias.