Mayca Coello, concejala de Sí se puede en Candelaria, entiende la ayuda a domicilio como un servicio de apoyo a las personas que más lo necesitan, justificada bajo la responsabilidad política y técnica municipal. Por tanto, defiende que la prestación del servicio, debe ser gratuita, por su carácter básico y esencial para las personas beneficiarias. Además, considera que no se justifica que en un Ayuntamiento “supuestamente saneado económicamente y con reiterado superávit presupuestario, se proceda a cobrar esta ayuda”.

Según Coello con la normativa propuesta se atribuyen porcentajes a pagar por parte de las personas usuarias, sin considerar el número de personas que componen la unidad familiar. Por ejemplo, una persona que viva sola y que cobre una pensión no contributiva de 550 euros, según esa tabla tendría que pagar un 25% del servicio lo que podría suponer una media de 50 euros, dependiendo de la valoración que el ayuntamiento haga del coste del servicio que necesita. “Entendemos abusivos estos porcentajes y habría que tener muy en cuenta las condiciones familiares, ya que hay muchas personas mayores, solas, con pensiones mínimas, o familias monoparentales con un único ingreso y con hijos a cargo, que según el baremo del Ayuntamiento tendrían que pagar si requirieran este servicio”.

La concejala de Sí se puede también destaca que la ordenanza está redactada como si Epelcan, quien presta actualmente el servicio, no existiera, aunque en la práctica, con toda probabilidad será quien siga prestando el servicio, pero no se recoge ningún procedimiento para reclamar directamente ante esa empresa, ni se delimitan dónde acaba la responsabilidad del Ayuntamiento y dónde empieza la de Epelcan. “Creemos que esta indefinición debería aclararse para evitar provocar indefensión en las personas beneficiarias a efectos de reclamar sus derechos” manifiesta.

En las alegaciones presentadas por Sí se puede también se exige la utilización de un lenguaje no sexista en la redacción de esta Ordenanza, que se defina cuál es el procedimiento a seguir para la solicitud del servicio, cuáles son los aspectos e indicadores de baremación, cuál es la relación de la documentación que debe presentarse y cuál es el procedimiento de reclamación por el servicio recibido. Asimismo el borrador de ordenanza establece un plazo de tres meses para entender desestimada la petición, y desde Sí se puede entienden que es un plazo demasiado largo de espera para la potencial persona usuaria, “siendo Candelaria un ayuntamiento tan pequeño, que podría agilizar con menor plazo la resolución”.

Mayca Coello finalizó aclarando que esta Ordenanza no reconoce el servicio como un derecho subjetivo, sino lo condiciona a que exista consignación presupuestaria, lo que “lo convierte en inestable e inseguro”. Según sus declaraciones “este apartado debería matizarse ya que la ley de dependencia sí reconoce derechos subjetivos y la ayuda a domicilio es un servicio importante que no debería depender de asignación presupuestaria, sobre todo en aquellos casos graves y en un municipio como el nuestro, que carece de suficientes servicios de apoyo a las personas dependientes”.