La diputada autonómica del Partido Popular, María Teresa Pulido, denunció hoy que el escaso número de intervenciones de la Policía Canaria en el último año y medio y su reducida implantación regional “son motivos más que suficientes como para que el Gobierno canario comience a plantearse eliminar de una vez por todas un gasto superfluo que no podemos permitirnos en las actuales circunstancias”.

Según los datos aportados por el propio Gobierno de Canarias, en el año 2011 y el primer trimestre de 2012, los agentes del cuerpo autonómico realizaron 45.707 intervenciones, todas ellas en asuntos de poca entidad, desarrolladas en las Islas de Tenerife (23.646) y Gran Canaria (21.938), a las que hay que añadir 124 acciones en El Hierro, motivadas por la crisis volcánica.

“Se nos antoja un rendimiento muy pobre para la elevada inversión del Gobierno en esta área en 15 meses de actividad, que se reduce a dos de las siete Islas, y que contrasta con los números que arroja, por citar solo un ejemplo, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que en 2011 desarrolló más de 54.000 actuaciones”, destacó Pulido.

Incremento en seguridad

Según los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para 2011, una de las escasas partidas en las que el Ejecutivo autonómico prevé gastar más este año que en 2011 es precisamente el capítulo de Seguridad y Emergencias, que supera los 23 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 9% respecto al ejercicio anterior.

En concreto, el área de Seguridad Ciudadana, al que se encuentra adscrita la Policía Canaria, dispone de 4.244.781 euros, lo cual implica un crecimiento del 3,1% con relación al año 2011, a los que hay que añadir 7,3 millones que el Gobierno autonómico gastó en comprar y reformar el edificio que le sirve de sede en Las Palmas de Gran Canaria.

“La aportación de la Policía Canaria a la seguridad de los ciudadanos es muy inferior a lo que pretende hacernos creer el Gobierno autonómico para justificar su mantenimiento, puesto que no solo sus funciones son muy limitadas, sino que su implantación en el Archipiélago dista mucho de ser uniforme, y los canarios de cinco de las Islas están contribuyendo al sostenimiento de un cuerpo de más de un centenar de agentes que no ejerce actividad alguna en su territorio”, indicó la diputada del PP.

“La competencia autorizada por el estado apenas supera la esfera de la vigilancia de los edificios oficiales de las Islas –prosiguió María Teresa Pulido-, puesto que no puede interceder en las funciones de los cuerpos de seguridad del Estado, y ni tiene facultades para vigilar el litoral, el medio ambiente o los núcleos turísticos, como insiste continuamente el gabinete de Rivero”.

“Por si fuera poco, también sube el presupuesto de la Academia Canaria de Seguridad, cuyo coste este año es de 2,3 millones de euros, a los que añadimos 63.527 euros en gastos corrientes de su sede en Santa Cruz de Tenerife, que actualmente no tiene a nadie a quien formar”, concluyó.