Julio Concepción, uno de los portavoces de Alternativa Sí se puede en Arona, es uno de los denunciados en la querella criminal que el Ayuntamiento del Sur ha presentado contra el mismo, José Antonio Reverón, concejal de Ciudadanos por Arona, Sergio Cabrera, militante de Sí se puede, la periodista Blanca Salazar y Bentor Trujillo, de Alternativa Nacionalista Canaria.

Para el portavoz ecosocialista esta querella “es un paso más en la política de persecución que el gobierno aronero ha puesto en marcha contra las voces que se han levantado contra las prácticas presuntamente corruptas que se han vivido en la gestión municipal durante los últimos años”.

Concepción recuerda que esta querella se suma a las multas que se les impusieron por la convocatoria de una manifestación en defensa del Hospital del Sur. En la misma el Ayuntamiento de Arona habla de supuestas calumnias e injurias graves contra el Gobierno municipal, una acusación que según el portavoz de Sí se puede “es una denuncia absolutamente infundada y un mero intento de amedrentar a la ciudadanía más comprometida”.

Desde Sí se puede consideran muy grave que esta querella se haya presentado en nombre del Ayuntamiento aronero. Opina el denunciado que es un buen ejemplo de como el gobierno municipal entiende que se deben usar los fondos públicos para costear sus campañas contra las voces críticas a su gestión. Julio Concepción exige que “los cargos públicos que han promovido esta iniciativa judicial deben pagar con sus propios sueldos esta querella, por una simple cuestión ética”.

El militante de izquierdas cree que la justicia no le dará la razón al gobierno municipal, ya que “lo que están poniendo en práctica es una campaña de ataque a los que creemos que hay que acabar con prácticas de gestión poco transparentes”. Concepción recuerda que actualmente existen investigaciones judiciales abiertas contra casi todos los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona entre 2003 y 2007. Ademásha quedado indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y un delito continuado de tráfico de influencias, por parte del propio Alcalde.

“Creo que resulta paradójico que los que hemos denunciado este tipo de hechos vayamos a ser juzgados antes que los que han sido llevados a los tribunales por su gestión política y encima usen el dinero del Ayuntamiento para que esto sea posible”, apunta, indicando que su formación pedirá que se informe a la ciudadanía sobre el coste que tendrán los servicios jurídicos contratados por el Ayuntamiento. Igualmente el portavoz de Sí se puede considera normal el descrédito que tiene la clase política y que en este contexto su municipio tenga una de las tasas de abstención electoral más altas del Estado español, con un 51,8%.