Diariodeavisos.com.-El caso Varadero, denunciado por IR-Verdes, ya tiene sentencia. El exalcalde socialista de El Rosario, Macario Benítez, y la exedil de Urbanismo -hoy en el partido VxER- Ana Lupe Mora han sido condenados a siete años de inhabilitación para cargo o empleo públicos, igual pena que la impuesta a la secretaria municipal, María Anita Alonso.

En una sentencia dictada el martes 13 y dada a conocer ayer a las partes, la titular del Juzgado de lo Penal 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez, los considera culpables de un delito de prevaricación por aprobar un plan parcial ilegal, promovido por el empresario Amador Díaz en Varadero, zona costera entre Tabaiba y Barranco Hondo.

Los dos políticos y la funcionaria, según el relato de la sentencia, siguieron adelante con este expediente administrativo a pesar de ser conscientes en todo momento de que la Ley de la Moratoria (2001) obligaba a suspenderlo, y que además era contrario al Plan Insular de Ordenación del Territorio(PIOT) que, por decisión del Cabildo de Tenerife, protege Varadero como suelo rústico de protección ambiental 1. Y los tres, según la juez, demostraron “una persistente voluntad” de que se construyeran en Varadero casi 1.000 viviendas, “incluso una vez entrado en vigor el PIOT”.

Llama la atención que en el pasado mandato Mora fuera, con el PSOE, consejera insular de Medio Ambiente pese a estar ya imputada por intentar destruir Varadero, y tuvo por tanto, en el Cabildo, la responsabilidad de velar por su preservación.

Han sido absueltos los restantes acusados, los exediles del PSOE Abel Acosta, Andrés Hernández, María Elba Delgado y Laurentino Quintana, pues, según la sentencia, aunque votaron a favor del plan, “actuaron movidos” por los condenados.

Respecto a Benítez y Mora, la juez concluye que “no cabe duda de que los acusados votaron a sabiendas de la injusticia y la arbitrariedad de la resolución adoptada” y eran “conocedores , como ha quedado acreditado, de las vicisitudes que rodearon la tramitación del plan parcial y las dificultades o imposibilidad de su ejecución”.

Ambos cargos públicos y la secretaria, señala la magistrada, “desarrollaron una conducta merecedora de reproche penal”, al adoptar “una decisión torticera que tuerce el derecho, clamorosamente injusta, sin que en ningún momento se tratara de una resolución teóricamente justificable”.

La sentencia, de 69 folios, detalla un episodio clave de esta maquinación ilegal: el fax remitido a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) en 2002 por Benítez para paralizar el trámite del plan parcial de Varadero, y luego aprobarlo, ilegalmente, en 2004 en el Pleno municipal. La juez no vio “creíble” la explicación del exalcalde sobre que desconocía informes negativos al plan en la Cotmac, pues “resulta al margen de toda lógica”. Y es que, según la juez, “todos y cada uno de los informes técnicos y jurídicos recabados con carácter previo a la ponencia técnica de la Cotmac fueron de contenido desfavorable”, tanto por la Ley de la Moratoria como por el PIOT.

Por ello, Benítez, “actuando con pleno conocimiento” de ello”, remitió el fax para evitar que la Cotmac llegara a pronunciarse de forma negativa sobre esta urbanización. Y, ya en 2004, cuando lo aprobó en el Ayuntamiento, “tenía conocimiento” de que el visto bueno de la secretaria municipal a urbanizar Varadero no era más que “un informe de complacencia” que tenía “como única finalidad dar cobertura legal a una decisión que contravenía el ordenamiento jurídico”. Para ello, la funcionaria no dudó en ocultar al Pleno municipal la tramitación previa en la Cotmac, incluido el fax, incluso alegando que el informe de este órgano del Gobierno canario no había llegado en plazo, cuando, como subraya la sentencia, había sido el propio alcalde quien había impedido que se emitiera, con su fax en 2002.

Sobre Mora, el fallo judicial deja patente que todos estos pasos ilícitos se dieron “sin duda, contando con el consentimiento y la anuencia de quien era concejal de Urbanismo”. La juez no dio credibilidad (“no es admisible”, enfatizó) a la versión, dada por Mora, de que no conocía con detalle el fax, ni su alegación de que no vio informes negativos.

A la secretaria municipal, la juez la responsabiliza de hacer una “interpretación inviable” de la ley para “dar cobertura y apariencia de legalidad a la tramitación de un plan parcial contrario, en ese momento, a la normativa, con la finalidad de continuar con el firme propósito de Macario Benítez y de Ana Lupe Mora de urbanizar Varadero”, “en contra del interés general” que suponía respetar la legalidad.

La juez deja claro que el plan parcial no entró en vigor antes que el PIOT, sino dos años después, al publicarse en los boletines oficiales, por lo que el criterio contrario, que se intentó esgrimir para que no se le aplicara el PIOT, nunca fue válido.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación. La denuncia fue presentada por Escolástico Gil y Jacinto Correa, entonces en la oposición, y hoy alcalde y concejal de Hacienda de El Rosario, respectivamente.