Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), afirma que las donaciones efectuadas por el empresario Ambrosio Jiménez al Partido Popular, por una cuantía de 200.000 euros, entre 2008 y 2011, “constituyen una forma de corrupción legalizada que pervierte el proceso legislativo”.

El coordinador de IUC reconoce que “son los votos de los ciudadanos los que ponen a los políticos en las instituciones, pero esos votos están precedidos de costosas campañas electorales, en las que el poder del dinero decide qué opciones se visualizan y cuáles no. Esto quiere decir que el poder del dinero puede limitar en la práctica las opciones de los ciudadanos y vaciar de contenido la democracia”.

En opinión de Trujillo, “es significativo que el señor Ambrosio Jiménez declare que también dona dinero a Coalición Canaria y al PSOE, porque ello revela la voluntad de generar dependencia económica en los partidos hacia los empresarios más adinerados. Cuando esto lo hacen muchos empresarios a la vez, como ocurre habitualmente, el efecto es que las leyes se amoldan más a sus intereses que a los de los votantes”.

Para el portavoz de IUC, “las donaciones cuantiosas que hacen a ciertos partidos algunos ciudadanos acaudalados son una forma de corrupción legalizada, porque obtienen decisiones y recursos de los poderes públicos que les lucran a costa del bienestar colectivo. Si estas donaciones estuvieran prohibidas no existirían muchas infraestructuras innecesarias, que despilfarran el dinero público y son el resultado de la voluntad de los grandes partidos de satisfacer a sus acaudalados benefactores”.

Desde IUC, se apunta que “una de las razones de la credibilidad democrática de Izquierda Unida proviene del hecho de no recibir sobres, ni legales, ni ilegales, de empresarios acaudalados. Por tal motivo, a los cargos públicos de la formación progresista no les visitan benefactores con cartas a los Reyes Magos en las instituciones”.