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viernes, 15 de noviembre de 2024 00:00h.

Unid@s se puede pide al Ayuntamiento que defienda a los vecinos de San Matías frente a Visocan

Acusan al ente del Gobierno Canario de actuar de forma especuladora y no como una empresa pública de vivienda

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Unid@s se puede, principal fuerza de oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, denuncia la actuación de Visocan con los vecinos y vecinas de las 119 viviendas de VPO de San Matías. Según Fátima González, concejala de la formación lagunera, “después de reunirnos en varias ocasiones con los vecinos y vecinas hemos comprobado que existen muchas irregularidades en la actuación de Visocan y lo que más nos preocupa es que hay familias que por circunstancias económicas no pueden pagar y ven con gran preocupación que pueden ser desahuciados por la empresa pública, además del corte de suministros de agua y luz”.

Para González “el Ayuntamiento debe estar al lado de la ciudadanía, ya le hemos informado del caso a la concejala Flora Marrero que el viernes habló con Visocan. Los vecinos han formado una plataforma de afectados para defender su derecho a la vivienda y ellos son los protagonistas de su lucha, el ayuntamiento debe darles apoyo. Anunciamos también que llevaremos este asunto al próximo Pleno municipal para que se pueda escuchar la voz de las personas afectadas y buscar soluciones”.

Jose Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede en la zona, afirma que “es contradictorio que el Director del Instituto Canario de Vivienda, José Gregorio Pérez, salga en prensa diciendo que van a revisar los casos de personas que no pueden pagar el alquiler y al mismo tiempo afirme que no van a bajar dichos alquileres porque según sus palabras los vecinos “tienen capacidad de pagar”. De igual manera no es cierto que Visocan no esté desahuciando gente, hay órdenes de lanzamiento en marcha y es porque Visocan ha decidido echar a los vecinos que no puede pagar”. En este sentido, Hernández afirma que Visocan “está funcionando más como una empresa que busca hacer caja que como un organismo público que debe garantizar el derecho a la vivienda”.

Para finalizar Hernández afima “que es ilógico que el Gobierno de Canarias diga que va a movilizar vivienda de Visocan para la realización de alquileres sociales de entre 2 y 90 euros para las personas desahuciadas y por otro lado se desahucien personas de la propia Visocan, o se generen deudas impagables, por unos alquileres de entre 200 y 300 euros”. El edil espera que la verdadera intención de Visocan no sea vender estas viviendas y anuncia que estarán apoyando a la Plataforma de afectados para conseguir una solución justa a sus problemas.