Los vecinos de Santa Lucía en Güimar (Tenerife) que han sido denunciados por su propio ayuntamiento por la ocupación que han hecho de sus viviendas, trasladarán al Parlamento Europeo la situación de indefensión en la que se encuentran, tal y como indicó hoy en rueda de prensa el abogado José Luis Langa González.

Para Langa González, quien también es el representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, “esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos los denuncia”.

Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de éstos a sus viviendas, toda vez que llevan fuera de ellas cerca de dos años por posibles derrumbes sin que el Ayuntamiento de Güimar haya realizado las obras de mejora que les prometieron en su momento, según explicó el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera.

Herrera indicó que estos vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro “pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe”, porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, “porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir, dado que el Ayuntamiento nos prometió cubrir los gastos que de esto se derivasen y sin embargo a los treinta días nos mandó una carta explicando que ya no nos podrían pagar nada y que teníamos que buscarnos la vida”, explicó el presidente de los vecinos.

Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento de Güímar presenta una denuncia contra estos vecinos que ahora deberán declarar como imputados el próximo 26 de abril por supuestos casos de “usurpación”, lo que resulta “penoso que les acusen de usurpar sus propias casas”, matiza el letrado Langa.

Herrera aclaró que las viviendas de Santa Lucia existen desde 1973 y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora “no entendemos que se nos quiera echar de nuestras casas y además se nos notifique con un número”, agrega el presidente vecinal, quien asegura que “para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el ayuntamiento”.

En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos ya que “si el ayuntamiento no las pide, las tendremos que pedir nosotros”, matiza Herrera.

Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe.