Ante el comunicado hecho público hoy por el Diputado del Común, que no ha sido contrastado, sobre la situación de algunas familias residentes en Añaza. Desde la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (Visocan) se quiere aclarar su contenido incierto:

·         Visocan compró las 358 viviendas de Añaza en 2019 y desde entonces ha intentado que todos sus ocupantes regularicen su situación, con lo que no se ajusta a la realidad que esta empresa “se niegue a llegar a un acuerdo” con los ocupantes de las viviendas. 

·         Más del 75% de los vecinos se encuentran en situación regular, es decir, han suscrito un contrato de arrendamiento con Visocan, la propietaria de las viviendas.

·         Visocan no ha interpuesto ninguna demanda de desahucio a ninguno de los 50 inquilinos con contrato de alquiler con el anterior propietario que no han querido regularizar su situación a pesar de los reiterados intentos de esta empresa pública de hacerlo.

·         Visocan, como no puede ser de otra manera, tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente.

·         Visocan trabaja con la firme voluntad de dar seguridad jurídica a todas las partes y mejorar la convivencia en las más de 6.000 viviendas que gestiona en Canarias. Asimismo, tiene la obligación de velar por el bienestar habitacional de los 20.000 demandantes de viviendas protegidas que hay en las Islas.

·         Visocan ha abierto líneas directas de diálogo con los afectados para ofrecerles alternativas individualizadas que permitan resolver las diferentes casuísticas que se dan en estas dos promociones de Añaza. Al mismo tiempo orienta e informa a los vecinos sobre todos los recursos públicos a los que pueden acceder que son competencia de otros organismos.

·         Visocan desconoce la situación de vulnerabilidad o no de sus inquilinos, ya que no tiene competencias en esta materia.