La tarde del día 25 de julio de 1936, fuerzas militares, transportadas por el cañonero Canalejas, desembarcaban en Santa Cruz de La Palma. Mientras las tropas expedicionarias se desplegaban por las calles de la población, los civiles de izquierda que se habían comprometido en el mantenimiento del orden republicano durante los siete primeros días de la Guerra Civil dejaban la Ciudad y se refugiaban en los montes, a la espera de que el Gobierno de la Republica recuperase el Archipiélago.

La mayor parte de los izquierdistas que se retiraban creían que la sublevación sería rápidamente reducida y, mientras tanto, pretendían alejarse de la represión. La resistencia guerrillera se descartaba porque la escasez de armamento y el reducido territorio insular eran desventajas demasiado adversas a la hora de enfrentarse a un enemigo bien pertrechado.

Entre los fugitivos, marchaban algunos de los protagonistas de este drama; los directivos de la Federación de Trabajadores Víctor Ferraz, Miguel Hernández, Floreal Rodríguez y Francisco Brito. En un primer momento, este grupo de “alzados” permaneció en las estribaciones montañosas de Santa Cruz de La Palma, optimista respecto a la pronta extinción de la aventura golpista. Sin embargo, la sublevación no remitía y las primeras avanzadas del Ejército entraban en Puntallana. El pueblo de Puntallana linda con Santa Cruz de La Palma.

Su vecindad y la estimable implantación de las asociaciones obreras lo convirtieron en la primera etapa del periplo de muchos “alzados”. La mayor parte reanudaron el camino y se dirigieron al municipio de Garafía. Pero Víctor Ferraz y sus compañeros no lo hicieron porque en el Pico de La Nieve decidieron descender a La Galga (Puntallana) en donde fueron atendidos por un cabrero llamado Aniceto Rodríguez.

En efecto, los milicianos huidos no llevaban consigo los recursos necesarios para sobrevivir y tuvieron que ser surtidos por proveedores que les auxiliaban en los lugares escogidos para ocultarse. Pronto se improvisaron canales de asistencia a los fugados, en muchos casos, mantenidos por allegados o familiares. Estos grupos de cobertura corrieron peligros considerables. De esta forma, varios pastores y campesinos de Puntallana ligaron su destino a los dirigentes obreros de la Capital. Durante meses, llegaron a abastecer, regularmente, a cerca de veinte “alzados”, tal y como refiere el miliciano Volney Augusto Brito en su declaración:

A los 5 días de estar en casa del tal Aniceto (Rodríguez), llegaron por allí Francisco (Brito) apodado Desgracia y otros más que, en un sitio conocido por Barranco Hondo, hicieron una choza donde estuvieron cobijados bastante tiempo, llevándoles la comida Antonio (Hernández) apodado Ratón y Dionisio (Hernández) apodado Fusilato, pero como estos tenían que recorrer mucho camino para llevarles la comida, decidieron marchar a otro lomo cercano llamado la fuente de El Madroñero, para reunirse con otro grupo a los que también proveían de comida Antonio el Ratón y Dionisio el Fusilato”.

La llegada del general Ángel Dolla a Canarias deterioró la situación de las decenas de dirigentes y militantes republicanos que permanecían en los montes. Ya, desde los primeros momentos, el general Francisco Franco había avisado sobre la necesidad de impedir que huyeran los opositores, pues eso significaba abrir riesgos en la retaguardia. Ahora, en noviembre, los sublevados deciden recrudecer la estrategia del Terror.

Las tropas insurgentes habían chocado contra la resistencia de Madrid. Definitivamente, el golpe de estado había fracasado y dejaba paso a una guerra civil de duración incierta que exigía asegurar la retaguardia. En el caso de La Palma, las Fuerzas Armadas estimaban que, meses después de la arribada del Canalejas, el estado de la Isla era “anárquico” porque cientos de izquierdistas deambulaban por sus montes sin reconocer la autoridad militar . Testimonios orales y escritos confirman que, a las pocas semanas de la llegada del general Ángel Dolla, se recibieron instrucciones para “ejecutar en el sitio”, prescindiendo de los consejos de guerra, a los “alzados” que fuesen encontrados en los montes.

El invierno de ese año, de los más fríos y lluviosos del siglo, aumentó los sufrimientos de unos fugados mal alimentados y sin ropa de abrigo. La tenaz persecución de la Guardia Civil, de Falange y de Acción Ciudadana estrechaba el cerco sobre los proveedores que, cuando se sentían descubiertos, se unían a los “alzados”. Así, el grupo de Víctor Ferraz aumentó hasta alcanzar la decena de fugitivos.

Miembros de Falange y Acción Ciudadana habían detectado que varios campesinos de Puntallana suministraban alimentos a dirigentes obreros “alzados” y decidieron vigilar sus pasos para descubrir el escondite. Las milicias del Movimiento conocían perfectamente el terreno, así que se emboscaban con paciencia en puntos, como manantiales, donde pensaban que acudirían los fugados.

A mediados de enero 1937, efectivos de Acción Ciudadana siguieron, sin ser advertidos, a los agricultores de la zona que aprovisionaban a los líderes obreros ocultos en los barrancos de Velhoco. La patrulla sorprendió a los “alzados” en la cueva de El Roque de la Calabaza. Dos, Francisco Brito y Antonio Pérez, consiguen huir descolgándose por un precipicio que había en la parte trasera de la gruta, pero sus diez compañeros fueron capturados. Los apresados son trasladados a la Ermita de las Nieves.

Allí varios testigos los vieron, “desarrapados, barbudos y famélicos”, custodiados por sus captores, mientras llegaban refuerzos de la Guardia Civil. Posteriormente, la comitiva descendió las cuestas de El Planto y condujo a los cautivos a los calabozos del cuartel de San Francisco. Las detenciones prosiguieron: milicianos de Falange Española y guardias civiles prendieron a dos pastores en sus casas de Puntallana y a un joven campesino de 17 años en el pueblo de Mazo. El grupo de los trece estaba reunido.

Aunque la razón del recrudecimiento de la represión estribaba en acabar con el problema de los “alzados” y, por tanto, la vida de todos ellos corría serio peligro, normalmente, no eran ejecutados en el momento de la captura. De hecho, muchos de los “alzados” desaparecidos fueron eliminados tras ser encarcelados o después de retenerlos durante un margen de tiempo. En ese plazo, un núcleo de las clases conservadoras, el eje director de la represión, acordaba la suerte de los apresados, escogiendo entre aplicar la ejecución clandestina o procesarlos. El grupo de trece personas encarceladas en el cuartel de San Francisco permaneció dos semanas en los calabozos.

En cuanto a los líderes de la Federación de Trabajadores, reunían varios agravantes que les podían convertir en víctimas de la Represión Sangrienta: haber sido milicianos durante la Semana Roja, haberse “alzado” tras la arribada del Canalejas a la Isla y ser dirigentes relevantes del Movimiento Obrero insular. Los informes de las organizaciones del Movimiento indicaban lo siguiente:

MIGUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Tintorero. Fue Vice-Presidente del Sindicato de Oficios Varios en 1936. Alzado durante algunos meses. Peligrosísimo y uno de los principales dirigentes.

FLOREAL RODRÍGUEZ.- Tabaquero. Huido desde el 25 de Julio de 1936. Pertenece al Socorro Rojo Internacional y al partido Comunista, también pertenece al gremio de Torcedores habiendo sido varios años Secretario del mismo.

En la misma línea, informaba el Ayuntamiento sobre Víctor Ferraz: De los datos existentes en esta Alcaldía y de los suministrados por las Dependencias municipales, resulta que el expresado individuo ha observado buena conducta, pero en sus actividades político-sociales, ha sido de los más destacados dirigentes de las ideologías marxistas.

Al final, sobre ellos cayó la variante más cruenta de la represión. Su desaparición física cumplirá el doble objetivo de sacar de la circulación a líderes obreros peligrosos por su ascendente sobre amplios sectores populares y, de paso, traumatizar a la población de izquierda a fin de abocarla a la resignación. Respecto a los proveedores de Puntallana, la decisión de las autoridades nacionales de erradicar el fenómeno de los “alzados” entrañaba una grave amenaza.

Así lo expone, la sentencia de uno de los consejos de guerra celebrados en aquellas fechas. El preámbulo del documento consideraba imprescindible “fijar las sanciones con saludable severidad” por “la necesaria ejemplaridad general que es preciso conseguir en país como la isla de La Palma donde, aún meses después de vivir bajo el régimen justo y beneficioso de las legítimas Autoridades del Ejército encuentran los contumaces rebeldes, adhesiones organizadas y ayudas colectivas”.

Con la ejecución de quienes mantenían en rebeldía a decenas de palmeros peligrosos para el Movimiento, se pretendía, a la vez, castigar y disuadir. Los campesinos y pastores de Puntallana detenidos habían amparado a varios de los directivos obreros más buscados por las autoridades del Movimiento. Su trágica suerte retraería a otros abastecedores repartidos por la geografía insular, contribuyendo a aislar a los “alzados”.

Días después de su aprehensión la sentencia emitida por la “Justicia oculta” se cumple. Una primera tanda de prisioneros, fuertemente atados a la baranda de un camión, son trasladados al municipio de Fuencaliente para ser ultimados entre los pinares del Lomo de La Faya. La noche siguiente, el resto del grupo corre la misma suerte. Los trece de Fuencaliente formaron parte de las cincuenta personas ejecutadas, clandestinamente, entre octubre de 1936 y junio de 1937.

Por Salvador González Vázquez